El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió este jueves la operación militar conjunta ejecutada con apoyo de Estados Unidos en la provincia amazónica de Sucumbíos, luego de que un grupo de veinte congresistas demócratas pidiera al Pentágono suspender este tipo de acciones por posibles violaciones a los derechos humanos.
Durante una entrevista concedida a CNN en el marco de su visita oficial a Washington, Noboa sostuvo que el objetivo bombardeado a inicios de marzo no era una instalación civil, sino una finca utilizada por grupos armados ligados al narcotráfico.
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“Es una finca donde se ocultaban narcoterroristas”, afirmó el mandatario al ser consultado sobre los cuestionamientos formulados por legisladores estadounidenses y organizaciones internacionales de derechos humanos.
La polémica gira en torno a la operación militar realizada entre el 3 y el 6 de marzo en la frontera norte, que fue anunciada por el Comando Sur de Estados Unidos como una misión conjunta contra estructuras consideradas terroristas por el gobierno ecuatoriano.
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Según Noboa, el ataque se dirigió contra integrantes de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas FARC dedicada al narcotráfico y al control de rutas ilegales en la frontera entre Ecuador y Colombia.
El mandatario insistió en que la operación respondió a información de inteligencia y rechazó las acusaciones que apuntan a que el lugar bombardeado habría sido una granja ganadera sin vínculos con organizaciones criminales.
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“Esos alegatos son infundados”, dijo Noboa, quien además sostuvo que su gobierno continuará recurriendo a la cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado transnacional.
La controversia escaló luego de que veinte legisladores demócratas de la Cámara de Representantes enviaran una carta al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para solicitar la suspensión inmediata de las operaciones conjuntas hasta que se esclarezca lo ocurrido.
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En la carta, los congresistas manifestaron su “profunda preocupación” por reportes sobre “graves violaciones de derechos humanos y el bombardeo de lo que parecen haber sido instalaciones civiles” durante las operaciones en el norte de Ecuador. También pidieron aclarar si la participación militar estadounidense contaba con la autorización del Congreso, requisito exigido por la legislación de ese país.
Las dudas sobre la operación se intensificaron tras un reportaje de The New York Times, que señaló que el lugar destruido parecía ser una finca lechera y ganadera, y no un campamento narcoterrorista como sostuvo inicialmente el gobierno ecuatoriano.
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La investigación también reveló que en territorio colombiano se halló una bomba sin detonar, lo que generó preocupación por el posible impacto transfronterizo del operativo.
La publicación del reportaje provocó cuestionamientos de organizaciones como Amnesty International y la Washington Office on Latin America, que han advertido sobre el riesgo de que el apoyo estadounidense contribuya a abusos contra la población civil.
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La carta de los congresistas coincidió con la visita de Noboa a Washington, donde mantuvo reuniones con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, legisladores republicanos y demócratas, y autoridades de la Organization of American States.
Tras su reunión con Vance, Noboa afirmó en redes sociales que Ecuador y Estados Unidos “siguen fortaleciendo una alianza basada en la decisión de enfrentar juntos al narcotráfico”.
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La cooperación bilateral en materia de seguridad se ha intensificado desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Washington ha ampliado el intercambio de inteligencia, el entrenamiento militar y la asistencia técnica, mientras el gobierno ecuatoriano ha promovido acuerdos para reforzar las operaciones contra organizaciones criminales.
Noboa aseguró que las recientes acciones conjuntas ya concluyeron, pero no descartó nuevos operativos si las fuerzas de seguridad identifican amenazas concretas.
“Si existe cooperación para neutralizar una amenaza real, actuaremos”, señaló.
La defensa del mandatario confirma su apuesta por profundizar la alianza estratégica con Washington, pese a los crecientes cuestionamientos sobre el impacto de esa colaboración en materia de derechos humanos y soberanía.
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