
Un hombre, acusado de usar una matrícula ajena, para trabajar como médico en Quitilipi, provincia de Chaco, fue detenido después de casi cuatro años prófugo. La localidad ya enfrenta otra causa por presunto ejercicio ilegal de la medicina contra Lidia Mabel Ojeda, una falsa profesional investigada por atender a más de 1.200 pacientes en hospitales públicos.
El detenido fue identificado como Ariel Antonio Rodríguez, de 48 años. La Justicia chaqueña lo investiga por una denuncia iniciada en agosto de 2022, cuando se habría presentado como médico de guardia en la Clínica Integral Servicios de Salud S.R.L. de Quitilipi con antecedentes laborales y académicos que no pudo acreditar.
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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Chaco, al advertir las inconsistencias, la institución sanitaria impulsó una denuncia. La pesquisa estableció que la matrícula consignada en la documentación era de otro profesional y que el acusado no habría presentado una certificación universitaria que acreditara su condición de médico. Luego de que la clínica le exigiera la documentación respaldatoria, Rodríguez dejó de concurrir al establecimiento y abandonó la provincia.

El falso médico fue finalmente localizado durante un control de la Gendarmería Nacional en Paso de los Libres, Corrientes. Al consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los efectivos constataron que pesaba sobre él un pedido de detención de la Justicia chaqueña.
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Una comisión de la División Investigaciones Complejas Interior de Presidencia Roque Sáenz Peña viajó a Corrientes para trasladarlo. El operativo comenzó el domingo a las 6 y concluyó el lunes alrededor de las 15.45, cuando el detenido ingresó a la Comisaría Primera de Sáenz Peña.
La causa está bajo intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N.° 4, a cargo de Gustavo Rafael Valero. Rodríguez deberá ser conducido ante los estrados judiciales, donde se definirán las próximas medidas por el presunto ejercicio ilegal de la medicina.
Durante las averiguaciones, los investigadores establecieron que Rodríguez también había sido detenido en la provincia de Córdoba, donde habría realizado tareas médicas sin la habilitación correspondiente en otros centros de salud.
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El acusado tenía una condena y debía cumplir una medida de prisión domiciliaria. La Justicia deberá determinar ahora si incumplió esa disposición y qué alcance tiene esa situación dentro de los procesos abiertos.
Otro expediente por presunto ejercicio ilegal de la medicina
El expediente contra Lidia Mabel Ojeda investiga si la mujer ejerció sin título habilitante en el Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi y en el hospital de Presidencia de la Plaza. Según la pesquisa, utilizaba una matrícula profesional que pertenecía a otro médico.

La investigación se extendió a quienes estaban al frente del hospital de Quitilipi. El fiscal Marcelo Soto citó a declaración indagatoria a los exdirectores Carina Gabriela Villalba y Daniel Alfredo Acuña para establecer si existieron omisiones en los controles sobre el ingreso y la permanencia de Ojeda en el centro de salud.
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De acuerdo con el abogado de los damnificados, Daniel Acosta, la mujer habría atendido a al menos 1.230 pacientes durante sus guardias. La causa reúne denuncias de familiares de pacientes fallecidos y de personas que denunciaron secuelas luego de recibir atención médica.
Ojeda enfrenta imputaciones por presunto ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos, además de otros hechos bajo investigación, entre ellos presuntos homicidios y lesiones gravísimas. La responsabilidad de la acusada y de los exdirectivos deberá ser establecida durante el proceso judicial.
Uno de los expedientes analiza la atención recibida por un paciente identificado como F.A.E. en el hospital de Quitilipi durante abril de 2026. La investigación sostiene que el joven sufrió un cuadro de shock séptico, fallas multiorgánicas y la posterior amputación de su pierna izquierda.
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La Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña anuló parcialmente la primera imputación vinculada con ese hecho. La jueza Rosana Mariela Glibota consideró que la acusación inicial no precisaba con claridad la conducta que se le atribuía a Ojeda ni las acciones que debía haber realizado para evitar el agravamiento del cuadro clínico.
La resolución no implicó el cierre de la causa. Después de la decisión, Ojeda volvió a declarar y la fiscalía reformuló la imputación vinculada con las lesiones sufridas por el joven.
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