Revés en la causa de la falsa médica de Chaco: anularon la imputación por el joven que terminó con una pierna amputada

La causa contra Lidia Mabel Ojeda, la falsa médica investigada por ejercer ilegalmente en hospitales públicos de la provincia de Chaco, tuvo un giro en las últimas horas. La Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña anuló su indagatoria y dejó sin efecto actuaciones posteriores en la investigación por las lesiones gravísimas sufridas por un joven que terminó con una pierna amputada.

La decisión, tomada por la jueza Rosana Mariela Glibota, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación a partir de un planteo presentado por los abogados César Andrés López y Felipe Francisco Fontanetto. El cuestionamiento se debe a la forma en que la fiscalía describió la conducta atribuida a Ojeda en el caso del paciente F.A.E.

La resolución judicial no implicó el cierre del expediente. La jueza centró su decisión en la falta de precisión de la imputación inicial. Glibota consideró que la acusación carecía de una descripción concreta sobre qué actos debía realizar la imputada para evitar el agravamiento del cuadro clínico y cuál había sido la acción u omisión que podía encuadrarse en el delito de lesiones gravísimas.

Tras la resolución judicial, este viernes Ojeda volvió a prestar declaración y el hecho fue readecuado. El fiscal resolvió sostener la imputación. Esa redefinición mantuvo vigente la investigación sobre el caso del joven amputado, aunque bajo una nueva formulación del hecho para corregir los defectos observados por la jueza, según informó Diario Chaco.

El expediente contra Ojeda se abrió a partir de una denuncia por presunto ejercicio ilegal de la medicina en hospitales públicos del Chaco. La mujer realizaba guardias en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza con una matrícula profesional que no le pertenecía.

El hecho investigado se vincula con la atención que recibió un paciente identificado como F.A.E. en el hospital de Quitilipi durante los días 4 y 5 de abril de 2026. La fiscalía atribuía a Ojeda haber intervenido en el episodio y se la acusaba de no haber realizado las acciones necesarias para evitar el deterioro del cuadro.

De acuerdo con la descripción que había formulado el Ministerio Público, esa atención derivó en un traslado de urgencia del paciente, un shock séptico, fallas multiorgánicas y, más tarde, la amputación de la pierna izquierda.

Los argumentos de la defensa

La apelación presentada por López y Fontanetto apuntó, entre otros puntos, a la falta de detalle en la acusación. En ese planteo, la defensa remarcó que el joven había sido atendido en una primera instancia por Estefanía Pintos, quien declaró ante la fiscalía que el 3 de abril examinó a F.A.E. y le indicó medicamentos, además de la aplicación de una vacuna antitetánica.

Según esa versión, la intervención posterior de Ojeda se limitó a indicarle diclofenac para el dolor y a mantener el tratamiento que ya había sido prescripto.

Los abogados también discutieron la necesidad de sostener la prisión preventiva. En su presentación, rechazaron la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación y solicitaron la falta de mérito y el cese de la medida. La Cámara no hizo lugar en forma total a ese planteo, aunque sí admitió la nulidad parcial vinculada con la imputación.

Otras causas que enfrenta

La irregularidad de Ojeda fue advertida por personal de salud, que detectó falencias en su desempeño y luego comprobó que el número de matrícula correspondía a un médico varón. La denuncia fue impulsada por autoridades de la Región Sanitaria 2, que aportaron documentación, libros de guardia, derivaciones y registros electrónicos con firma y sello de la acusada.

De acuerdo con esa publicación, la médica aparecía en cronogramas de guardia desde agosto del año pasado y llegó a firmar nueve actas de defunción. A partir de esa denuncia inicial, la Fiscalía de Investigación Penal N°3, a cargo de Marcelo Soto, avanzó con la recolección de pruebas para determinar la magnitud de su actuación en el sistema de salud provincial.

La acusada también fue imputada por homicidio con dolo eventual, además de usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, por la muerte de un hombre de 63 años ocurrida en el hospital de Quitilipi.

Mientras tanto, la pesquisa también avanza sobre exdirectivos del centro de salud, con el objetivo de establecer cómo ingresó Ojeda al hospital y bajo qué mecanismos pudo desempeñarse en funciones reservadas a profesionales habilitados.