Le hicieron creer que había ganado un premio y perdió $10 millones: la estafa de una banda de presos desde una cárcel de Jujuy

A Daniel —nombre ficticio para preservar su identidad— le dijeron que había ganado un premio de telefonía satelital 4G. Durante casi un año, él y su pareja hicieron transferencias, sacaron un crédito y, sin más dinero ahorrado, hasta enviaron por encomienda tres electrodomésticos. Así perdió entre $9 millones y $10 millones.

Detrás de ese supuesto premio, según la requisitoria de elevación a juicio presentada por el fiscal federal Franco Picardi, había una organización que operaba desde el Establecimiento Penitenciario N°7 de San Salvador de Jujuy. Los acusados también son investigados por hacerse pasar por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para obtener datos de detenidos y sus familiares, pedir dinero por falsas fianzas y ofrecer premios inexistentes.

La maniobra contra “Daniel” comenzó en octubre de 2024. Una persona que decía llamarse Matías Pérez, supuesto director de una empresa, le comunicó que había sido elegido para recibir el premio. Para recibirlo, dijo, debía pagar una serie de gastos. Después aparecieron otros interlocutores: un presunto abogado de apellido Rozetti, una mujer identificada como “Laura” y alguien que se presentó como Horacio Rosatti.

“Seguimos al corriente de ello creyéndole de que ese premio era verdad”, declaró la víctima ante la Justicia. El dinero, explicó, era requerido bajo conceptos cambiantes y sin que le precisaran un monto final. “Nos faltaba esto y nos faltaba otra cosa para pagar”, recordó.

Una de las comunicaciones incorporadas al expediente, fechada el 23 de noviembre de 2024, comienza con un hombre que se dirige a él por su nombre y afirma: “Habla el Dr. Horacio Rosatti”. Le pide que tenga el dinero cargado en una cuenta de Mercado Pago de su pareja y le anticipa que luego le informaría adónde debía enviarlo.

Al día siguiente, según otro audio sumado a la causa, el interlocutor le dio una instrucción concreta: debía enviar dinero a una cuenta a nombre de Rita Elizabeth Ayllón, la ex pareja de Ramón Atilio Ríos, uno de los imputados del caso. También le exigió que enviara el comprobante en forma directa y no a una supuesta secretaria.

La fiscalía vinculó esa indicación con una transferencia de $49.900 que realizó la pareja de la víctima el 25 de noviembre de 2024 a una cuenta de Naranja Digital a nombre de Ayllón.

Las víctimas hicieron otros tres envíos: $250.000 el 15 de noviembre de 2024, $200.000 el 28 de noviembre y $118.700 el 2 de diciembre. Esos pagos, por $618.600 en total, llegaron a cuentas de Marilina Paola Arjona, pareja de Cristian Mariano Ariel Acho, otro de los acusados.

El expediente también incorporó conversaciones halladas en un teléfono Samsung Galaxy A01, secuestrado el 3 de diciembre de 2024 dentro de un colchón de una celda del penal jujeño. De acuerdo con la acusación, desde ese aparato se hicieron llamados a víctimas y a dependencias de seguridad bajo identidades falsas.

En uno de los audios, fechado el 19 de noviembre de 2024, el usuario del teléfono le dice a su pareja que se levantó “para tirar números, para ver si choreo algo”, mientras pasaba sus horas en la cárcel.

En el mismo celular había audios dirigidos a Daniel, comprobantes de las transferencias, fotografías de su documento y registros de las líneas que utilizaba con su pareja. Las comunicaciones no se detuvieron incluso después de los allanamientos de diciembre de 2024.

Una línea registrada a nombre de Sebastián Ariel López, otro de los presos acusados, hizo cuatro llamadas a la víctima en enero de 2025, según los informes telefónicos citados en la requisitoria. La fiscalía sostiene que López y su cómplice Walter Rodrigo Vargas se ocupaban, entre otras tareas, de la guarda, el intercambio y el ocultamiento de celulares y tarjetas SIM dentro del penal.

Daniel contó que, ante la falta de dinero, él y su pareja buscaron otras formas de cumplir con los pedidos. Ella sacó un crédito bancario y ambos enviaron tres electrodomésticos por encomienda, valuados en alrededor de $1,8 millones cada uno. También vendieron teléfonos para reunir fondos.

“Nosotros somos personas de bajos recursos”, declaró. Agregó que dejó de enviar pagos hacia fines de agosto de 2025, cuando las exigencias se volvieron imposibles de sostener.

En medio de la estafa, los delincuentes, además, le exigieron que cambiara su número de teléfono y el de su pareja. La falsa excusa fue que las líneas podían estar intervenidas o ser objeto de un hackeo.

Otro dato incluido en el requerimiento conecta a la víctima con la estructura de comunicaciones atribuida a la banda. A nombre de Daniel se registraron 11 números telefónicos que operaron en equipos usados por la organización, entre ellos uno desde el cual se llamó el 27 de enero de 2025 a la Guardia de Prevención de Gendarmería Nacional.

En ese contacto, quien atendió dijo ser Horacio Rosatti y pidió información sobre personas detenidas y sus familiares; esta era la modalidad principal de la banda para reunir datos útiles para estafas y extorsiones.

El fiscal Picardi pidió que Acho, Ríos, López y Vargas sean enviados a juicio oral por asociación ilícita, usurpación de autoridad, dos hechos de estafa y extorsión mediante simulación de autoridad pública. En el caso de Acho, la acusación limita su intervención hasta el 10 de agosto de 2025, fecha en la que salió de esa unidad penitenciaria.

La requisitoria, firmada el 4 de noviembre, también pidió investigar la posible participación de Arjona, Ayllón y Celeste Isabel Giménez, cuyas cuentas habrían recibido o canalizado parte del dinero obtenido en las maniobras.