Condenaron a un comerciante de Córdoba por matar a un inversor al que le debía una suma millonaria

Una deuda que no pudo saldar fue el motivo que llevó al comerciante Ángel Fernando Villada a matar a Raúl Federico Oliva, uno de los principales inversores de la mesa de dinero que administraba en La Falda, provincia de Córdoba. A raíz de esto, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje le impuso una pena de 14 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Los fundamentos de la sentencia reconstruyeron el vínculo económico entre ambos y ubicaron los reclamos de Oliva por el dinero aportado como un factor determinante del crimen, que fue cometido en febrero de 2025. La resolución fue firmada por la Cámara presidida por el camarista Ángel Francisco Andreu.

Para el tribunal, Villada atravesaba un deterioro financiero que le impedía responder a los compromisos que había asumido con quienes confiaban sus fondos a su negocio. Por este motivo, los jueces analizaron el funcionamiento de la actividad financiera, las circunstancias que rodearon el encuentro y las maniobras posteriores al asesinato.

Ese conjunto de elementos permitió establecer tanto el móvil como la intervención del condenado. Según el fallo, el acusado recibía dinero de particulares a cambio de intereses superiores a los ofrecidos por entidades bancarias y, además, realizaba operaciones de cambio de moneda extranjera.

Dentro de ese esquema, Oliva había comenzado a invertir en 2022 y con el tiempo se convirtió en uno de los aportantes de mayor importancia. A partir de ahí, la relación comercial entre ambos se mantuvo durante los años siguientes.

Según la información publicada por El Doce.tv, el negocio empezó a mostrar dificultades para devolver los fondos. La sentencia sitúa el comienzo de esos problemas entre 2023 y 2024, cuando se profundizaron las diferencias entre el dinero comprometido con los inversores y los recursos que Villada tenía disponibles.

Por esto, el tribunal definió esa situación como un “descalce estructural”. El concepto aludió a un desequilibrio entre el capital que debe devolverse y la liquidez inmediata con la que cuenta quien administra los fondos. En este caso, la Cámara consideró probado que la mesa de dinero tenía una falta constante de caja.

En este sentido, la falta de fondos disponibles impedía atender los pedidos de restitución a medida que los inversores reclamaban su dinero. Oliva estaba entre quienes exigían una respuesta. Aunque la investigación no pudo establecer el monto exacto de la obligación, sí determinó que existía una deuda pendiente de una magnitud relevante.

“Si bien no se pudo determinar la cantidad, sí se probó que había una deuda no saldada, que se presume razonablemente significativa”, señaló Andreu en los fundamentos. Para los magistrados, ese compromiso impago explica el interés de Villada en eliminar a quien insistía con el reclamo.

Fue así que la reconstrucción judicial estableció que Villada invitó a Oliva a cenar en un local comercial de su propiedad, ubicado en La Falda. Antes de la reunión, dispuso que el único empleado que trabajaba allí cumpliera tareas en Cruz del Eje. Esa decisión dejó el establecimiento sin otras personas durante el encuentro.

La Cámara también consideró la conducta posterior de Villada. Tras el crimen, llevó la camioneta de la víctima hasta la ciudad de Córdoba por un recorrido alternativo, sin atravesar peajes. Los jueces entendieron que la elección de ese camino buscó evitar los sistemas de cámaras de seguridad instalados en esas vías.

El vehículo fue abandonado en un lugar que, según la investigación, había sido seleccionado al azar. Villada se llevó las llaves de la camioneta y no informó a su dueño sobre el traslado. Luego utilizó un taxi y un remis para regresar, aunque no volvió de manera directa a La Falda.

Los registros de telefonía tuvieron un lugar relevante en la investigación. Esos datos ubicaron a Villada en el área donde fueron descartados los restos de Oliva, una circunstancia que los jueces incorporaron al análisis del caso junto con el recorrido de la camioneta y los traslados posteriores.

Otro punto señalado en el fallo fue el interés de Villada por la desaparición de una computadora y un teléfono celular de Oliva. Ambos dispositivos contenían datos sobre los movimientos financieros de la víctima y podían aportar información sobre la relación económica que mantenía con el comerciante.

Así fue que los jueces entendieron que ese interés reforzaba la hipótesis de que el vínculo financiero estaba en el centro del homicidio. La deuda no era un dato aislado, sino el contexto en el que se produjeron los reclamos de Oliva y las decisiones que, según la Cámara, tomó Villada antes y después de la muerte.

“Fue quien, por la actividad financiera que esencialmente los unía, tenía un motivo para provocar el crimen, al mantener una deuda importante que la víctima insistentemente reclamaba y que no honró por el descalce estructural de la mesa de dinero que había puesto en funciones desde varios años atrás”, concluyó la sentencia.

Con esa valoración, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje condenó a Villada a 14 años de prisión. El fallo ubicó en los reclamos económicos de Oliva el origen del conflicto y consideró acreditado que las acciones previas y posteriores del comerciante estuvieron dirigidas a concretar y ocultar el homicidio.