
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta condenó a 10 años de prisión a dos pilotos bolivianos que el 4 de noviembre de 2025 se estrellaron con una avioneta cargada con 364 kilos de cocaína en la ciudad de Rosario de la Frontera. La sentencia, dictada el lunes pasado por la jueza Gabriela Catalano, llegó tras un acuerdo pleno que los consideró coautores de contrabando de importación de estupefacientes destinados a su comercialización, con agravantes por la participación de tres o más personas y el uso de transporte aéreo por rutas no autorizadas con aterrizaje clandestino.
La aeronave, una avioneta con matrícula CP-3167 y bandera de Bolivia, había partido del aeropuerto Germán Quiroga Guardia, en el municipio boliviano de San Borja, y realizó una escala en la provincia de Wernes para cargar la droga. Su destino era la finca “El Cóndor o Laguna Negra”, ubicada a la vera de la ruta provincial N°3, a pocos kilómetros del puesto fijo de Gendarmería Nacional en El Naranjo.
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Al intentar descender, los pilotos perdieron el control y la aeronave se estrelló contra una cortina de arbustos espinosos conocidos como churquis. La maniobra fallida incluyó el choque contra un Volkswagen Gol Trend que pertenecía a uno de los cómplices, Julián Darío Mansilla, y que terminó incendiado. Mansilla fue rescatado por sus compañeros antes de que las llamas consumieran el vehículo.
El acuerdo pleno fue impulsado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, y alcanzó al piloto Juan Pablo Quinteros Peredo y al copiloto Henry Álvaro Mercado Cuajera. Además de la pena de prisión, la sentencia incluyó la inhabilitación por cinco años para ejercer el comercio y por el doble del tiempo de la condena para desempeñarse como funcionario público. También se ordenó el decomiso de la avioneta en favor de la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N°3.144 “Capitán Marcelo Lotufo”, con fines didácticos. La identificación de la aeronave no pudo ser rastreada porque el fuselaje y el motor carecían de números de serie.
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Cuando los gendarmes llegaron al lugar del accidente, encontraron la avioneta parcialmente cubierta de barro e incrustada en la vegetación. En la cabina había rastros de sangre y, sobre el piso, tres bolsas de arpillera que contenían 136 kilos de cocaína, distribuidos en 42 paquetes con la inscripción “Prada Milano”.
Junto a la carga hallaron botellas de gaseosa de procedencia boliviana. A pocos metros del aparato, los efectivos también localizaron la cédula de una moto a nombre de Mansilla, una antena satelital y bidones de combustible que, se presume, estaban destinados a reabastecer la aeronave.
La investigación, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, avanzó con rapidez. En paralelo, la División Drogas Peligrosas de la Policía de Salta informó sobre una denuncia previa que señalaba a Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar como integrantes de una organización dedicada al transporte de droga en grandes cantidades.
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Primero se detuvo a Mansilla y luego a Gómez, quien circulaba en una camioneta Chevrolet S10. A partir de esos operativos se logró el hallazgo de otras 5 bolsas con cocaína que habían sido transportadas en la avioneta siniestrada y estaban enterradas en un predio cercano al lugar del accidente. Cada una contenía 42 paquetes, con un peso total de 228 kilos. Esta droga presentaba una pureza del 74 %, con capacidad de producir cerca de 2 millones y medio de dosis, una circunstancia que la fiscalía destacó por su afectación a la salud pública.

Los dos pilotos, por su parte, fueron capturados la tarde del 5 de noviembre de 2025 en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera. Un comerciante alertó a las autoridades sobre dos hombres con tonada boliviana que presentaban heridas en los brazos e intentaban cambiar dólares por pesos. Al día siguiente, Cuellar fue detenido en Antillas, donde se había refugiado en la casa de una vecina. El operativo demandó un amplio despliegue de fuerzas, con intervención de unidades de Gendarmería Nacional, la División Rural de la Policía de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que quedó a cargo de las tareas de investigación posteriores.
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Durante la audiencia de homologación, Quinteros Peredo y Mercado Cuajera alegaron que habían actuado por necesidad, ante la crisis que atraviesa su país. Sin embargo, reconocieron su responsabilidad penal y prestaron conformidad con los términos del acuerdo, que fue ratificado por la defensa. La jueza Catalano coincidió con la fiscalía y subrayó la gravedad del hecho por la modalidad empleada. “Aquí estamos en un nivel superior”, dijo, y agregó que “la droga podía haber intoxicado a más de dos millones de argentinos”. Sobre lo declarado por los pilotos, sostuvo que solo habían intentado justificarse y que era notoria su intención de lucro.
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