
Las fotografías llegaron al tribunal como prueba. La jueza Yissell Soto las miró y las llamó “espeluznantes”: mostraban quemaduras en las uñas y en las palmas de las manos de una niña de siete años que vivía en el sector Los Guandules, en Santo Domingo.
Ese registro visual fue parte del expediente que este jueves llevó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a condenar a 30 años de cárcel a Yokeiry Coronado De La Cruz y a su pareja, Jeider Montero Medina, por tortura, barbarie, maltrato infantil y homicidio. La sentencia, emitida a pedido del Ministerio Público, fue informada por la agencia EFE.
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Las lesiones no eran de una sola noche
La médica forense Yudelin Villanueva declaró durante el juicio que las condiciones que presentaba la menor correspondían al “síndrome del niño maltratado”.
El tribunal tomó esa pericia como determinante y calificó las agresiones de “groseras y abusivas”. El Ministerio Público sostuvo que las lesiones “no correspondían a un episodio aislado sino que evidenciaban un patrón de maltrato prolongado, que culminó con la muerte de la infante”.
Las fotografías no fueron la única evidencia. El ingeniero Eddy Ogando realizó una extracción pericial de los teléfonos de los acusados y recuperó imágenes y videos que también ingresaron al proceso.
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El día en que llamaron al 911
La tarde del 16 de agosto de 2025, alrededor de las 6:30, Coronado De La Cruz pidió a sus familiares Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco De La Cruz que fueran a su vivienda en la calle Respaldo Eugenio Perdomo.
La niña estaba convulsionando. Cuando llegaron, la encontraron inconsciente. Rodríguez Polanco llamó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1.
Los servicios de emergencia poco pudieron hacer.
Después, una médica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento y documentó los hallazgos vinculados al maltrato reiterado en el acta de levantamiento de cadáver.
La investigación, dirigida por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, determinó además que el relato que Coronado De La Cruz ofreció sobre las circunstancias de la muerte no coincidía con los resultados forenses. Eso llevó a su arresto y, luego, al de Montero Medina.
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Ella torturaba; él sabía y no denunció
El tribunal estableció con precisión la responsabilidad de cada uno. La jueza Soto explicó que la condena no se basó en la imagen que los acusados pudieran proyectar fuera del hogar, sino en las pruebas debatidas en el juicio.

Coronado De La Cruz fue declarada autora intelectual de los hechos: durante julio y agosto de 2025, mientras la niña estaba bajo su cuidado, “incurrió en actos de maltrato” de forma reiterada. Montero Medina fue condenado como coautor: tenía conocimiento de lo que ocurría y no lo denunció.
La menor era sobrina de la madre de Coronado De La Cruz, lo que la convertía en su tía por vínculo familiar.
30 años y una indemnización de USD 82,000
Coronado De La Cruz cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. Montero Medina, en Najayo Hombres.
Ambos centros están en la provincia San Cristóbal. Además de la prisión, el tribunal ordenó el pago de cinco millones de pesos dominicanos (unos USD 82,000) a la madre de la víctima, constituida en parte civil del proceso, y dispuso que los condenados asuman las costas civiles.
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Los jueces aplicaron los artículos 295, 303 y 304 del Código Penal dominicano y el artículo 396 de la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
La lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 12 de noviembre de 2026.
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