
Un hombre de 34 años residente en Fisherton, ciudad cercana a Rosario, provincia de Santa Fe, quedó bajo prisión preventiva acusado de simular ser un juez federal para intentar acceder a una base de datos policial. La pesquisa también analiza posibles vínculos con personas relacionadas con causas de narcotráfico.
Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), el imputado, identificado con las iniciales C.G.M., buscó obtener claves del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), que reúne datos sobre medidas judiciales y restricciones vigentes para personas y vehículos.
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La investigación, a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari y el fiscal auxiliar Ignacio Falconi, determinó que el primer intento ocurrió el 5 de noviembre de 2024. El acusado habría enviado un correo electrónico al Ministerio de Seguridad Nacional con una identidad inexistente: se hizo pasar por Julio Andrés Herrera, a quien presentó como juez federal.
Desde ese organismo le indicaron que debía canalizar el pedido mediante una cuenta oficial de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quince días más tarde, el hombre habría utilizado otra casilla que simulaba pertenecer al dominio judicial para insistir con el requerimiento.
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En julio de 2025, de acuerdo con la causa, C.G.M. volvió a intentar obtener acceso a Sifcop. Esta vez habría usado un correo electrónico que aparentaba corresponder al juzgado de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
El fiscal Reynares Solari señaló que una de las inconsistencias surgió porque el acusado se presentó como integrante del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, pese a que Servini de Cubría es titular del juzgado N° 1.
El 2 de julio de 2025, el imputado habría enviado una comunicación al Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la que anunció la supuesta apertura de una denuncia por uso de datos personales y manejo indebido de información confidencial. Bajo ese argumento, solicitó claves de acceso al sistema policial.
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El organismo le requirió nuevos datos y documentación para validar su identidad. La pesquisa indicó que durante 12 días hubo intercambios de correos, incluidos dos mensajes con archivos adjuntos que contenían una presunta firma de la magistrada.
Las inconsistencias advertidas por el SPF derivaron en una denuncia. El hombre fue detenido el 29 de septiembre y luego imputado por usurpación de autoridad y título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público.
El juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso que permanezca 90 días en prisión preventiva, a pedido del MPF.
Para los investigadores, el acusado conocía procedimientos de acceso, lenguaje judicial y mecanismos administrativos vinculados a ese tipo de solicitudes. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que no logró ingresar a la información sensible.
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Reynares Solari indicó además que las cuentas bancarias del detenido no coincidían con la actividad declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien figuraba registrado en el rubro de servicios de justicia, no posee título de abogado, según expuso el fiscal.
La causa también incorporó antecedentes por presunta falsificación de documentos públicos. De acuerdo con la investigación, el hombre habría firmado certificados de vacunación como médico, pese a que las dosis consignadas no habían sido aplicadas.
Investigan presuntos vínculos narcos
Con C.G.M. detenido y con prisión preventiva por 90 días, ahora la fiscalía analiza si el sospechoso tuvo contacto con personas relacionadas con causas en las que aparece Julio Rodríguez Granthon, expiloto peruano conocido como “El Peruano”, condenado a más de 30 años de prisión por delitos de narcotráfico.
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“Esto se hace por algún tipo de beneficio y en alguna red que estamos tratando de desentrañar”, señaló el investigador este lunes, durante una entrevista para el programa “El Contestador “(Radio 2).
Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores apunta a los movimientos económicos del imputado. “Tiene entradas de dinero que no se corresponden con su perfil tributario”, indicó el fiscal. Según los datos reunidos en la causa, sus cuentas bancarias registraron ingresos por 41 millones de pesos en 2024, otros 34 millones durante los primeros seis meses de 2025 y 49 millones en 2026. Durante ese período, C.G.M. no declaró ingresos ante ARCA, no presentó declaraciones juradas y no pagó el monotributo.
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El rosarino fue detenido a fines de septiembre en los Condominios Los Pasos Fisherton 1, de Miglieri al 600. En el allanamiento secuestraron dispositivos electrónicos y una placa falsa de la Policía Federal con la que habría simulado pertenecer a esa fuerza.
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