
Un lingote de oro de un kilogramo de pureza 999,9, tres detenidos y un arsenal de armas fueron el saldo de cuatro allanamientos simultáneos que la Policía de la Provincia de Buenos Aires ejecutó en Tigre, Avellaneda y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes que se extendió durante años por el conurbano norte y sur del AMBA.
El punto más resonante del procedimiento fue el allanamiento al country Hacoaj, ubicado en la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre. Allí, residía un empresario con antecedentes penales por infracción a la Ley de Estupefacientes —la Ley 23.737— que, según el expediente, cumplía un rol central en la conducción de la estructura criminal. La seguridad privada del barrio cerrado y el doble anillo de control que caracteriza a ese tipo de urbanizaciones habían funcionado, hasta ese momento, como un escudo ante cualquier pesquisa.
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El caso había tomado forma mucho antes, en el partido de José C. Paz, donde agentes especializados en crimen organizado iniciaron tareas de campo que incluyeron semanas de seguimientos, vigilancias estáticas, recopilación de material fílmico y entrevistas encubiertas. El objetivo inicial era detectar anomalías en la distribución minorista de drogas, pero la investigación escaló cuando los detectives decidieron rastrear el flujo hacia los eslabones superiores de la red, para lo cual debieron integrarse al territorio urbano sin levantar sospechas.
El salto cualitativo de la investigación llegó cuando la Fiscalía Federal autorizó la intervención de cuatro líneas telefónicas clave. A partir de ese momento, especialistas en análisis de comunicaciones procesaron al menos 8.700 horas de escuchas telefónicas en tiempo real. El trabajo no se limitó a registrar conversaciones: los analistas aplicaron software de entrecruzamiento de datos para decodificar el lenguaje encriptado que los sospechosos utilizaban al coordinar cargamentos de cocaína compacta, y para rastrear, mediante geolocalización por antenas de telefonía celular, los corredores que la banda empleaba para conectar distintos puntos del AMBA norte, el sur —específicamente Avellaneda— y la CABA.
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Ese análisis permitió identificar con precisión los roles de dos figuras centrales de la organización: J.R.C., de 36 años, conocido como “Pipi”, y su pareja I.G.I.F., de 26 años, a quienes los investigadores sindicaron como los abastecedores logísticos de la red. Paralelamente, el cruce de los datos de escuchas con los seguimientos satelitales trazó el hilo que conectaba esa estructura con el empresario del country de Tigre.
Con el caudal probatorio consolidado en el expediente, el juzgado interviniente otorgó cuatro órdenes de allanamiento con habilitación horaria para el 24 de septiembre, una herramienta jurídica qu permitió a los grupos tácticos a irrumpir de forma simultánea antes del amanecer, lo que anuló cualquier posibilidad de reacción, destrucción de dispositivos o fuga.
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El resultado fue calificado oficialmente como “altamente positivo”. Entre los detenidos figuran J.R.C., I.G.I.F. y J.R.B., de 49 años, todos imputados por el delito de comercialización de estupefacientes, según consta en el parte oficial de la Superintendencia.
En materia de drogas, los procedimientos arrojaron el secuestro de 59 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionados en envoltorios de nylon, y 8 gramos de tusi en un solo envoltorio. El armamento incautado incluyó una pistola Bersa lusber calibre 7,65, una pistola Bersa BP9 calibre 9 mm con pedido de secuestro activo vinculado a un robo investigado por la UFI N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 11 del Departamento Judicial de La Matanza, y una carabina Rubiextra calibre 22 sin numeración cuyo cañón fue modificado con silenciador. Se sumaron 350 municiones calibre 9 mm, 98 municiones calibre 22 largo, 46 municiones calibre 7,65, tres cargadores estándar y dos extendidos para calibre 9 mm, y un cargador para calibre 7,65.
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En cuanto a los vehículos, quedaron secuestrados un automóvil Ford Focus y una moto Beta modelo Tempo. Entre los objetos de valor, la pieza que concentró la atención fue el lingote de oro de un kilogramo de pureza 999,9, al que las fuentes del caso vinculan con el delito de lavado de dinero. A eso se sumaron una pulsera de eslabones oro 18k, una pulsera mayada dorada de corona Rolex, un reloj analógico de la misma marca, un reloj Guess con fondo verde, un reloj Citizen, un reloj analógico marca Hilfiger, un reloj en caja dorada, un anillo con eslabones dorados, dos tramos de maya de reloj y un juego de aros colgantes.
El resto del material secuestrado incluyó siete teléfonos celulares —cuatro de ellos correspondientes a las líneas intervenidas durante la investigación, que serán sometidos a nuevas pericias forenses para extraer información de sus aplicaciones de mensajería encriptada—, una notebook, una balanza de precisión, 40 recortes de nylon color negro, 12 bolsas del tipo ziploc, una tijera, un cigarrillo electrónico con vestigios de cocaína, $ 45.450 en pesos argentinos, $ 10.000 pesos adicionales, USD 100 y un pasaporte junto con cédulas de identificación.
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El operativo fue conducido por la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la fuerza bonaerense, bajo la coordinación del comisario mayor Cristian Gabriel Escobar. La instrucción judicial correspondió a la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo del doctor Paulo Starc y con la secretaría del doctor Ezequiel Palazuelos. El agente fiscal que tomó conocimiento del procedimiento avaló lo actuado, dispuso la carátula correspondiente y ordenó las diligencias de rigor, según se desprende de la síntesis oficial del caso.
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