El expresidente de Costa Rica y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, presentó este 30 de septiembre de 2026 una querella formal contra la exministra de Comunicación Patricia Navarro Molina por el presunto delito de captación indebida de manifestaciones verbales, relacionado con conversaciones que ella grabó mientras formaba parte de su gobierno.
La gestión judicial fue interpuesta después de que una fiscal adjunta solicitara el sobreseimiento definitivo de la causa que se encontraba en trámite, según informó la representación legal de Chaves. Con la querella, el exmandatario busca que el proceso penal continúe por una vía impulsada directamente por la parte afectada.
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Fabián Volio, abogado de Chaves, explicó que la decisión responde al desacuerdo de su representado con la solicitud formulada por el Ministerio Público y sostuvo que existen elementos suficientes para que los hechos sean examinados por un tribunal.
Según el jurista, la acusación se fundamenta en el artículo 198 del Código Penal, relacionado con la captación de manifestaciones verbales sin autorización.
“La querella es una denuncia formal que se interpone en contra de ella y aparta al Ministerio Público para que la acción penal prosiga”, explicó Volio al referirse a la nueva gestión.
La presentación de la querella no implica que Navarro haya cometido el delito que se le atribuye. Será el órgano judicial competente el que deberá determinar si la acción cumple los requisitos legales, valorar las pruebas ofrecidas y resolver si existe responsabilidad penal.
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El origen de las grabaciones
El conflicto se remonta a 2022, cuando Patricia Navarro ocupaba el cargo de ministra de Comunicación durante los primeros meses del gobierno de Chaves.
Durante ese periodo, Navarro grabó distintas conversaciones y reuniones realizadas en Casa Presidencial en las que participaron el entonces mandatario y otros funcionarios.
La exministra reconoció posteriormente haber realizado esas grabaciones y sostuvo que lo hizo con el propósito de documentar situaciones que, a su criterio, podían tener relevancia ética o legal.
Los registros incluían conversaciones relacionadas con asuntos de gobierno y posteriormente se convirtieron en objeto de investigaciones y controversias públicas.
Chaves ha sostenido desde el inicio del caso que esas conversaciones fueron registradas sin su consentimiento y que esa conducta podía constituir una violación a la legislación penal costarricense.
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Su defensa mantiene ahora esa misma tesis mediante la querella presentada este miércoles.
Una causa que ya había llegado al Ministerio Público
El conflicto judicial entre Chaves y Navarro no es nuevo.
Desde 2023, el entonces presidente había acudido al Ministerio Público para cuestionar la legalidad de las grabaciones realizadas por la exministra.
Con el paso de los años, el expediente avanzó hasta llegar a una solicitud de sobreseimiento, es decir, una petición para cerrar el proceso penal sin llevarlo a juicio.
La representación de Chaves discrepa de esa posición.
Volio calificó la solicitud de la fiscal como “inexplicable” y afirmó que, desde la perspectiva de la parte querellante, existen elementos que justifican continuar con el procedimiento penal.
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La querella constituye precisamente el mecanismo con el que Chaves busca sostener la acusación aun cuando el Ministerio Público haya considerado procedente solicitar el cierre de la causa.
El siguiente paso dependerá de la valoración judicial sobre la admisibilidad y el contenido de la acción presentada.
Navarro ha defendido su actuación
Desde que se conoció la existencia de las grabaciones, Patricia Navarro ha defendido públicamente su decisión.
La exfuncionaria ha sostenido que actuó motivada por la necesidad de conservar evidencia sobre hechos ocurridos durante su paso por el Ejecutivo y ha rechazado la tesis de que su conducta constituyera un delito.
Su defensa también ha argumentado en ocasiones anteriores que debe analizarse el contexto en el que se produjeron las grabaciones, particularmente por tratarse de conversaciones relacionadas con el ejercicio de funciones públicas.
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Esa posición contrasta con la de Chaves, quien sostiene que el hecho de que las reuniones estuvieran vinculadas con funciones gubernamentales no elimina, por sí mismo, las protecciones legales relacionadas con conversaciones grabadas sin consentimiento.
Ese desacuerdo jurídico será uno de los elementos centrales si la querella supera las primeras etapas procesales.
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