“Hay familias que piden un préstamo y como no lo pueden devolver les toman la casa”, alertó el ministro de seguridad bonaerense

La preocupación por la inseguridad es uno de los ejes del debate cuando se habla de la provincia de Buenos Aires. Si bien las estadísticas muestran una baja en los homicidios y los robos, la percepción social mantiene el foco sobre esta problemática. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, sostuvo que la percepción de los ciudadanos está marcada por el temor y por la necesidad de invertir en sistemas de protección propios. Al mismo tiempo, advirtió que el recorte de fondos nacionales limita la capacidad de respuesta y las inversiones en materia de seguridad.

“El Gobierno Nacional nos sacó $750.000.000.000 por año, que llegaba para financiar el sistema de seguridad. Son veinte mil millones de dólares menos que tenemos desde que este gobierno nacional llegó”, dijo Alonso en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer.

El ministro describió un escenario donde la gestión provincial debió reorganizar prioridades para sostener el funcionamiento de las fuerzas y el pago de salarios, a pesar de la quita de recursos clave. “Con el decreto 70 eliminaron leyes, el plan de financiamiento de seguridad de la provincia de Buenos Aires, una ley votada en el Congreso. La derogó con un decreto presidencial y dejó de enviarnos el dinero”, detalló.

La situación, según describió el ministro, obliga a la provincia a mantener altos niveles de patrullaje y presencia policial con menos recursos, en un contexto de demanda social creciente por mayor seguridad.

A pesar de las dificultades presupuestarias, Alonso afirmó que la provincia logró mantener la inversión en tecnología y equipamiento. “Hemos hecho una inversión muy importante en cámaras. La seguridad requiere inversión. Sin inversión no hay seguridad”, indicó. El ministro subrayó que la gestión bonaerense priorizó la articulación con los municipios para sostener la vigilancia y el monitoreo de emergencias, aunque reconoció las limitaciones impuestas por la reducción de fondos nacionales.

Cárceles y acceso a tecnología

Alonso puso especial atención en el fenómeno del endeudamiento y la usura en barrios populares, donde muchas familias recurren a prestamistas informales ante la imposibilidad de acceder al crédito formal. “Va una familia, pide $200.000, a los quince días tiene que devolver el doble y quince días después tiene que volver un millón. Y si eso no pasa, en cinco o seis meses le toman la casa por la fuerza”, alertó el ministro. Sostuvo que la informalidad y la falta de regulación agravan la situación y que el gobierno trabaja con jueces y fiscales para desarticular estas organizaciones.

Entre otro de los ejes, el ministro señaló que trabajan en la salud mental. “En el 2024 tuvimos 4.249 en Argentina. El año pasado tuvimos 5.200 suicidios en la Argentina”, detalló Alonso. Consideró que la atención a la salud mental es fundamental para contener la conflictividad social y reducir el impacto del delito.

Sobre la situación penitenciaria, Alonso aclaró que la administración provincial no define el acceso de celulares a los internos, sino que la decisión corresponde a los jueces. “El que ordena lo que se hace con el preso es el juez. El juez es el que da la autorización, el que nos obliga a acceder a que ellos accedan a un teléfono”, indicó el ministro.

Y explicó que la provincia creó unidades de aislamiento para internos de alto riesgo. Consideró necesario actualizar los criterios judiciales para limitar el uso de celulares en las cárceles.

Estadísticas de delitos: baja en homicidios y robos

Alonso sostuvo que la provincia de Buenos Aires no encabeza el ranking nacional de homicidios. “La provincia de Buenos Aires no es la provincia con más homicidios de la Argentina, ni por cerca”, afirmó. El año pasado, la provincia registró 89 homicidios en ocasión de robo, la cifra más baja desde que existe registro oficial. Según Alonso, estos datos reflejan el resultado de políticas sostenidas desde 2019.

Al comparar las cifras con la gestión anterior, el ministro destacó: “Cuando nosotros llegamos en diciembre de 2019, veníamos de 1.000 homicidios, en promedio de la gestión de Vidal. Nosotros tuvimos 740 homicidios. Lo estabilizamos abajo de 800”. En cuanto a robos, Alonso indicó que los robos bajaron un 8%, y el robo automotor descendió un 40%.

Percepción social, medios y demandas vecinales

Alonso reconoce que la percepción social sobre la inseguridad no siempre responde a los datos estadísticos. “La percepción de la gente en materia de seguridad es muy importante y hay un temor”, expresó. El ministro señaló que la circulación de información en redes sociales contribuyen a mantener la preocupación social, incluso en contextos de mejora en los indicadores delictivos.

“No digo que la inseguridad sea una campaña en redes. Lo que digo es que para la gente aquellos delitos que ocurrieron son todo. Hay una situación donde nosotros tenemos que trabajar en seguir reduciendo los delitos. Lo que pasa es que lo que hay en redes es una campaña por mostrar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ignorando lo que ocurre en otras jurisdicciones”, afirmó Alonso.

En este sentido, el ministro sostuvo que la administración provincial busca responder tanto a la realidad de los hechos como a la inquietud de los vecinos, que invierten en alarmas, cámaras y grupos de alerta barrial para reforzar su seguridad cotidiana.

Estrategias y desafíos de la gestión bonaerense

Pese a las restricciones presupuestarias, Alonso detalló que la provincia implementó una plataforma integral para el monitoreo en tiempo real de patrulleros y llamadas al 911. Cada intendente puede acceder a la información y coordinar la respuesta ante emergencias. “Tenemos un nivel de patrullaje en las calles muy alto”, dijo el ministro.

En materia de detenciones, Alonso informó que hay 18.000 personas más presas desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof, y cerca de 9.000 durante su mandato. “Bajamos los homicidios, los robos están estabilizados”, sostuvo. El gobierno bonaerense, aseguró, prioriza la coordinación con los 135 municipios sin distinción partidaria, para garantizar una cobertura uniforme.

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