El gobierno de Neuquén echó a una empleada pública que presentó licencias firmadas por un médico que vivía en Europa

Una agente de planta permanente de la administración pública de Neuquén perdió su trabajo tras quedar expuesta en una denuncia de fraude que incluyó certificados médicos con firma y sello de un profesional que, al momento de las supuestas consultas, residía en Europa. Según el sumario, el profesional no había ingresado al país desde 2021.

La exoneración - medida más grave que una cesantía - se hizo efectiva en el marco de la política de depuración del plantel estatal que impulsa el gobernador Rolando Figueroa.

El caso se conoció luego de la publicación de un documento oficial. Allí se detalla que la ex agente se desempeñaba en la entonces Subsecretaría de Familia del ex Ministerio de Gobierno —actual Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos— cuando presentó, en tres oportunidades distintas, certificados médicos con prescripción de reposo laboral. Las fechas mencionadas en el expediente son el 15 de marzo, 9 y 10 de mayo de 2023. El problema fue que los documentos llevaban la firma y el sello de un médico que, según se acreditó con posterioridad, no ejercía la profesión en el país desde que partió hacia España el 20 de marzo de 2021.

Un informe de la Dirección Nacional de Migraciones fue determinante para desarticular el esquema. Ese documento, fechado el 18 de octubre de 2023, confirmó que el profesional había abandonado la Argentina en esa fecha y que, al momento de elaborarse el informe, no había regresado. La declaración del propio médico, prestada vía Zoom, terminó de cerrar el expediente: el profesional ratificó que la firma y la letra que figuraban en los certificados no le correspondían y que desde 2021 se encontraba radicado en Italia.

Ante la convocatoria del sumario, la empleada optó por no presentarse a declarar. La instructora sumariante, con la prueba testimonial y documental reunida, concluyó que “no quedan dudas” de la responsabilidad administrativa de la ex agente y que la falta cometida revestía una gravedad extrema. La conducta fue encuadrada como un presunto delito contra la administración pública y como una “notoria indignidad moral”, dos causales que, de acuerdo con el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (EPCAPP), habilitan la medida más severa del régimen disciplinario: la exoneración.

La distinción entre exoneración y cesantía no es menor. Mientras la cesantía implica la desvinculación del agente, la exoneración inhabilita de forma permanente su reingreso a la administración pública provincial. La sanción, en ese sentido, excede la simple pérdida del empleo.

El EPCAPP establece que los agentes tienen la obligación de “observar en el servicio y fuera de él, conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su condición de agente de la administración pública exige”. El mismo cuerpo normativo, junto con el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del organismo, prohíbe expresamente realizar o propiciar “actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres”. La presentación de los certificados adulterados fue interpretada como una violación directa de ambos marcos regulatorios.

El presunto fraude denunciado tuvo lugar durante el último tramo de la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez, aunque la resolución del sumario y la aplicación de la sanción se concretaron bajo la administración actual.

En efecto, Figueroa viene ejecutando desde su asunción una política de revisión del plantel estatal orientada a la detección de irregularidades y al desplazamiento de agentes que incumplan sus obligaciones dentro del Estado.

El caso descripto se inscribe dentro de esa línea de acción, que ya ha avanzado sobre empleados de distintas reparticiones de la administración pública neuquina, entre ellos del sector de Salud y Seguridad, sobre los cuáles la gestión actual ha detectado irregularidades.