El 25% de las armas incautadas en República Dominicana fue decomisado en Santo Domingo

En los últimos años, las calles de Santo Domingo han sido testigo de un fenómeno inquietante: una de cada cuatro armas de fuego incautadas en toda la República Dominicana fue recuperada en la capital, según cifras recientes de la Policía Nacional.

El dato pone en primer plano la magnitud del tráfico y uso de armas ilegales en la principal provincia del país, en un contexto donde el control de la violencia y la seguridad ciudadana se mantienen como prioridades urgentes.

La información recopilada por Diario Libre, detalla que entre 2020 y lo que va de 2026 las autoridades decomisaron 1,102 armas de fuego a nivel nacional, de las cuales 270 corresponden a Santo Domingo.

Este porcentaje, equivalente al 24.5% del total, supera ampliamente a otras regiones, lo que destaca la presión particular que enfrenta la capital en materia de seguridad.

En declaraciones recogidas por el medio, funcionarios de la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva enfatizaron que el Distrito Nacional ocupa el segundo lugar con 146 armas incautadas, seguido por San Cristóbal con 82.

Las estadísticas oficiales atribuyen estos resultados a operativos focalizados y un fortalecimiento de los patrullajes en áreas urbanas. “La concentración poblacional y la dinámica de la delincuencia en Santo Domingo exigen intervenciones constantes”, explicó un portavoz de la dirección policial.

El análisis de la incautación revela que las armas decomisadas no se distribuyen de manera homogénea en el país. Algunas provincias, como La Altagracia y Puerto Plata, reportan 52 casos cada una; mientras que otras, como Santiago y San Pedro de Macorís, suman 49 y 48 respectivamente. En contraste, zonas fronterizas como Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez no registraron decomisos en el periodo analizado, lo que marca una diferencia clara frente a las áreas urbanas y turísticas.

De acuerdo con el reporte, el tipo de armamento incautado está dominado por las pistolas, que representan el 82.5% del total con 909 unidades. Les siguen 123 revólveres, 63 escopetas, cinco fusiles y dos rifles.

Este predominio de armas cortas responde, según las autoridades, a la facilidad de ocultamiento y portabilidad, factores que inciden en su uso para la comisión de delitos en entornos urbanos. Un agente de la Policía Nacional explicó que “la mayor parte de las incautaciones se dan en el contexto de intervenciones preventivas y denuncias ciudadanas”.

El comportamiento anual de las incautaciones muestra fluctuaciones significativas. En 2024, se registró el mayor pico con 447 armas decomisadas, seguido por 315 en 2023. El año pasado, la cifra descendió a 128, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan 49. Los años de la pandemia desde 2020, 2021 hasta 2022 presentaron cifras más bajas, con 33, 44 y 86 armas incautadas respectivamente.

Las autoridades destacan que la lucha contra la posesión ilegal de armas cuenta con respaldo legal en la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Esta normativa establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes porten armas sin licencia, además del decomiso y sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 50 salarios mínimos del sector público.

“La aplicación rigurosa de la ley es fundamental para reducir la circulación de armas y prevenir hechos violentos”, afirmó un funcionario de la dirección legal de la Policía.

El informe también pone de relieve la disparidad regional en la presencia de armas ilegales. Mientras en provincias como Azua, María Trinidad Sánchez, Monte Plata y Hato Mayor las cifras oscilan entre 15 y 22 incautaciones, en otras, como Elías Piña, solo se reportó un caso. La tendencia, según los analistas policiales, responde tanto a factores geográficos como a la intensidad de los operativos y la colaboración comunitaria.

Las autoridades subrayan que el combate a la tenencia ilegal de armas requiere la participación activa de la ciudadanía, así como la continuidad de los controles en puntos estratégicos y el fortalecimiento de la inteligencia policial.

“El desarme es una tarea permanente que solo rinde frutos cuando existe coordinación entre los distintos sectores sociales”, concluyó el portavoz de la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva.