Un abogado y un hombre que ejercía ilegalmente la profesión fueron condenados por su participación en un complejo entramado delictivo que involucró la venta fraudulenta de terrenos en zonas inundables e inhabitables en Salta.
Se trata de Santiago Pedroza y Roberto Fernando López. La sentencia, resultado de un juicio abreviado, expuso cómo ambos imputados organizaron y ejecutaron maniobras ilícitas que perjudicaron a numerosos ciudadanos, provocando un daño económico superior a los 21 millones de pesos.
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La investigación, llevada a cabo por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, permitió reconstruir los detalles de la operación. Pedroza ocupaba una posición central en la asociación ilícita, mientras que López, haciéndose pasar por abogado y utilizando una identidad falsa, contactaba a las víctimas y facilitaba las estafas inmobiliarias. Las acciones de ambos derivaron en la entrega y comercialización de terrenos que, por sus condiciones, no eran aptos para ningún tipo de asentamiento.
El proceso judicial, de acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, culminó tras la confesión de los acusados y la aceptación de los hechos atribuidos, momento en el que el juez Diego Rodríguez Pipino homologó el acuerdo y dictó la condena correspondiente.
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De acuerdo con la resolución, Pedroza deberá cumplir tres años de prisión de ejecución condicional, además de someterse a reglas de conducta y enfrentar una inhabilitación de cinco años para ejercer como abogado. El tribunal ordenó, además, que repare el daño ocasionado, estimado en más de 21 millones de pesos.
Por su parte, López recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, asociada al cumplimiento de reglas de conducta y la obligación de resarcir con el pago de tres millones de pesos.
La investigación reveló que los lotes ofrecidos se encontraban en áreas no aptas para la urbanización, lo que imposibilitaba cualquier tipo de asentamiento legal. Las víctimas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, fueron convencidas de adquirir los terrenos bajo promesas falsas y documentación apócrifa.
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Condenaron a una abogada de Corrientes por estafar a sus clientes con resoluciones judiciales falsas
A principios del mes pasado, la Justicia de Corrientes condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo a Marina Soledad Arce, abogada penalista de la localidad de Esquina, tras determinar su responsabilidad penal en una serie de maniobras fraudulentas cometidas contra sus propios clientes. El fallo, firmado por el juez unipersonal Julio Ángel Duarte, incluyó además la inhabilitación absoluta para ejercer la profesión por el mismo período.
La sentencia avaló de forma íntegra la acusación del Ministerio Público Fiscal y las presentaciones de las querellas particulares que representaron a los damnificados. El tribunal encuadró los hechos en un concurso real de delitos por hechos independientes cometidos durante el ejercicio de la matrícula, con figuras que abarcan estafas, uso y falsificación de documentación pública y retención indebida.
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La investigación, que demandó casi un año de instrucción a cargo de la Fiscalía local, logró reconstruir el esquema delictivo a través de pericias informáticas forenses, estudios documentológicos sobre firmas y sellos, y testimonios de las víctimas.
El mecanismo era preciso: Arce entregaba a sus representados copias de actas y resoluciones judiciales falsificadas, sin validez legal alguna, para sostener el engaño en el tiempo y aparentar que sus gestiones avanzaban.
Al momento de dictar la condena, el juez Duarte resolvió mantener la prisión domiciliaria que la profesional ya cumplía, modalidad que se extenderá hasta que el fallo adquiera autoridad de cosa juzgada. Una vez agotadas las instancias ordinarias y extraordinarias de apelación, la condenada deberá ser trasladada al Servicio Penitenciario de Corrientes para cumplir el resto de la pena.
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Fuentes vinculadas a los tribunales del sur correntino indicaron que el equipo de la defensa técnica de la condenada ya trabaja en la interposición de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), lo que abre una nueva etapa procesal en la causa.
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