Salvadoreños habrían firmado contratos de seguridad y terminaron en operaciones armadas en África, según especialista

Según el abogado y criminólogo Misael Rivas, ochenta y seis salvadoreños —exmilitares y expolicías— habrían firmado contratos bajo la promesa de realizar tareas de seguridad estacionaria, pero terminaron participando en operaciones de combate junto al ejército congoleño contra el grupo rebelde M23. El caso, actualmente bajo investigación de la Fiscalía de El Salvador, involucra acusaciones de falsedad ideológica y explotación laboral transnacional, con una notaria bajo orden de captura y dos militares señalados como responsables del proceso de reclutamiento.

Durante su intervención en el programa Diálogo, Misael Rivas explicó que, según la información disponible, a los afectados se les habría dicho que iban a desempeñar funciones de seguridad estacionaria, es decir, resguardo de edificios, pero terminaron involucrados en zonas de conflicto armado. “Firmaron un contrato que se lo leyeron diferente y que no están correspondiendo”, afirmó el abogado y criminólogo. Agregó que, de acuerdo con la denuncia, hubo un posible engaño en la presentación de los términos del contrato, por lo que las actividades que finalmente realizaron no habrían correspondido a lo que se les prometió al momento de ser contratados.

El abogado y criminólogo señaló que, aunque este tipo de contrataciones no es nuevo para salvadoreños —recordó el antecedente de quienes trabajaron para la empresa Blackwater en Irak—, la diferencia clave radica en la transparencia y claridad del contrato. En el caso actual, la falta de información y la manipulación contractual habrían dejado a los trabajadores en una situación de indefensión, exponiéndolos a riesgos no contemplados originalmente.

Debate sobre la responsabilidad estatal y la etiqueta de “mercenarios”

La situación ha tenido repercusiones internacionales. Un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas calificó a los salvadoreños como “mercenarios”, una etiqueta que Misael Rivas considera improcedente. A su juicio, se trata de una contratación privada que no encaja en la definición jurídica de mercenarismo. “Estos muchachos no fueron con la intención de ir a combatir. No fueron sabiendo... no fueron con esa intención”, insistió el entrevistado.

Misael Rivas remarcó que el Gobierno de El Salvador, las fuerzas armadas y la policía no tienen ninguna relación con estas contrataciones, ya que se trató de una operación completamente privada y sin aval estatal. “No tiene nada que ver el Gobierno, no tiene nada que ver las fuerzas armadas, la policía, nada. Estamos hablando de un hecho contractual, pero privado”, puntualizó.

Vulnerabilidades y propuestas para evitar nuevos casos

En su análisis, el especialista abordó las causas estructurales que favorecen este tipo de situaciones. Señaló la falta de alternativas laborales y la precariedad salarial como factores que empujan a exmilitares y expolicías a aceptar ofertas riesgosas en el extranjero. “En nuestro país tenemos mucha gente entrenada, muy bien entrenada en el área militar y policial, pero... no tiene un asidero legal a dónde ir a trabajar”, explicó.

A su regreso, muchos de los afectados han presentado problemas de salud, principalmente malaria. Misael Rivas contrastó esta experiencia con casos previos en otras misiones, donde las empresas cumplían con el pago y el apoyo médico. En esta ocasión, los salvadoreños regresaron en condiciones de abandono y sin garantías.

El abogado y criminólogo sugirió que el Ministerio de Trabajo establezca mecanismos de control y registro para supervisar estos contratos y proteger a los trabajadores. También propuso la creación de una reserva regulada de exmilitares y expolicías para evitar que la informalidad derive en nuevos casos de explotación o engaño.

Misael Rivas advirtió que la falta de regulación y el vacío legal permiten que intermediarios y empresas operen sin control, dejando a los afectados en una posición vulnerable tanto fuera como dentro del país. El caso, según el experto, exige un debate nacional sobre la protección de los salvadoreños involucrados en operaciones internacionales bajo contratos privados.