Ordenaron la captura de un hombre que se fugó luego de que lo condenaran por trata y explotación de personas

Luego de que la Justicia impusiera una pena de 10 años de prisión por los delitos de trata de personas y explotación sexual, Rubén Alberto Cabra desapareció en Chaco. Ya llevan dos semanas sin saber en dónde está, por lo que ordenaron su captura.

El hombre abandonó su domicilio sin autorización judicial y su paradero es desconocido desde que se dictó la sentencia el pasado 16 de junio. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay lo declaró en rebeldía y emitió una solicitud nacional e internacional para localizarlo y detenerlo.

La semana pasada el juez del TOF Jorge Sebastián Gallino firmó la resolución asegurando que Cabra, alias “Petro” incumplió las reglas de conducta impuestas tras la lectura del veredicto. La Gendarmería Nacional había intentado notificarlo en el domicilio que el condenado tenía declarado en la provincia de Chaco, pero fue atendida por su madre, quien dijo desconocer su paradero desde hacía aproximadamente un mes.

Ante esa situación, el tribunal ordenó tareas de averiguación de paradero. Las diligencias incluyeron visitas a tres domicilios vinculados al condenado en donde también hablaron con la pareja y la cuñada, según informó el Ministerio Público Fiscal. Los tres testimonios señalaron que no tenían contacto con el acusado desde hacía un buen tiempo. “Una de ellas indicó que Cabra había retirado todas sus pertenencias de la vivienda donde residía”, confirmó el organismo.

Con esos elementos, Gallino consideró acreditado que el condenado abandonó el domicilio que había fijado sin autorización judicial y que no pudo ser localizado pese a las tareas de averiguación de paradero realizadas por la fuerza federal. Lo declaró en rebeldía y libró la orden de captura el 24 de junio, un día después de que el acusado no se presentara a la audiencia de detención definitiva, por la cual quedaría firme la condena.

El día de la sentencia

“Petro”, de 43 años, había sido condenado el 16 de junio en un juicio oral que tuvo sus comienzos el 22 de abril. El hombre participó de forma remota desde el destacamento Villa Ángela de Gendarmería Nacional, en Chaco.

La jueza Mariela Emilce Rojas, como tribunal unipersonal, lo halló responsable de tres delitos: promoción y facilitación de la prostitución de menores mediante engaños y amenazas, promoción y facilitación de la prostitución de mayores de edad, y trata de personas adultas. Los delitos fueron considerados en concurso ideal, es decir, como parte de un mismo contexto delictivo, por lo que la pena se fijó tomando como referencia el delito de mayor gravedad.

La sentencia aplicó la pena máxima prevista para ese conjunto de conductas punibles y rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa. El fallo también ordenó el decomiso de un inmueble de Cabra ubicado sobre la Ruta Provincial N° 39, cuyo producido se destinará primero al pago de la indemnización a la víctima J.V.C., y, de haber remanentes, al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas, administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata.

Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso el pago de $65.292.000 de reparación económica a J.V.C., una adolescente en situación de vulnerabilidad que fue captada mediante engaño, trasladada y explotada sexualmente en un prostíbulo de Concepción del Uruguay. La suma deberá actualizarse desde el momento de la lectura de los fundamentos con un interés mensual del 2,5% hasta que la víctima perciba la totalidad del monto.

Durante el juicio, la fiscalía había solicitado la detención de Cabra, pero el tribunal no ordenó su prisión preventiva tras el veredicto. Esa decisión permitió que el condenado permaneciera en libertad con reglas de conducta, condición que no cumplió. La captura nacional e internacional ahora vigente busca revertir esa situación y garantizar el cumplimiento de la condena.