La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, informó este miércoles que el gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un nuevo paquete de proyectos de ley enfocados en reforzar la seguridad nacional. El anuncio incluye cuatro iniciativas principales que buscan fortalecer la legislación y el sistema judicial ante los desafíos de la inseguridad en el país.
El segundo paquete legislativo, cuya presentación está prevista para el 27 de octubre, abarca la criminalización de la minería ilegal, el aumento de las causas de extradición, la obligatoriedad en el cumplimiento de condenas y la transformación del Poder Judicial. De igual manera, Fernández señaló que estas medidas responden a la demanda ciudadana de recuperar la tranquilidad mediante leyes más estrictas y un aparato judicial más eficiente.
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En cuanto a la minería ilegal, el proyecto establece sanciones severas para quienes participen en actividades extractivas no autorizadas. Según el gobierno, la propuesta busca frenar el avance de la minería clandestina, proteger los recursos naturales y prevenir daños ambientales que afectan a diversas regiones del país, especialmente en la zona de Crucitas.
Transformación judicial y combate al crimen
Otra de las iniciativas contempla incrementar el número de causales que permiten la extradición de personas requeridas por la justicia internacional. El Ejecutivo considera que esta reforma resulta indispensable para combatir delitos transnacionales, como el narcotráfico y el crimen organizado, que aprovechan vacíos legales y la porosidad de las fronteras.
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El tercer eje se enfoca en la ejecución efectiva de las sentencias. Fernández sostuvo que “las condenas deben cumplirse en su totalidad, sin excepciones ni interpretaciones que permitan eludir la responsabilidad penal”. El proyecto pretende eliminar brechas legales que han permitido la reducción o eludir el cumplimiento de penas, en respuesta a reclamos sociales sobre la aplicación de la justicia.
De igual manera, la transformación del Poder Judicial constituye el cuarto pilar de este paquete. El gobierno propone reformas estructurales orientadas a mejorar la eficiencia, la transparencia y la capacidad de respuesta del sistema judicial costarricense.
Fernández indicó que estas modificaciones buscan adaptar la administración de justicia a las exigencias de una sociedad que demanda resultados concretos en materia de seguridad.
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Al mismo tiempo, durante el anuncio, la mandataria señaló que la presentación de este segundo paquete no será la última, ya que el Ejecutivo continuará elaborando iniciativas adicionales conforme lo recomienden las autoridades especializadas y la unidad Fuerza Élite. “Se enviarán los paquetes necesarios y lo que haga falta, según las autoridades especializadas y ministros, vamos a continuar trabajando, presentaremos este paquete este 27 de octubre”, manifestó la funcionaria costarricense.
Por su parte, Fernández destacó que el gobierno mantendrá el trabajo coordinado con expertos y ministerios para ajustar y ampliar el marco normativo según las necesidades que surjan.
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El Ejecutivo al mismo tiempo prevé entregar oficialmente el segundo paquete legislativo a la Asamblea el 27 de octubre, con la expectativa de que los diputados brinden un trámite expedito a las iniciativas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para la seguridad y la paz en la sociedad costarricense.
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