Investigan a siete funcionarios penitenciarios tras intentar ingresar dispositivos electrónicos a la cárcel en Costa Rica

Siete funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz fueron remitidos a la Fiscalía de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de San José como sospechosos de intentar introducir dispositivos electrónicos prohibidos al Centro de Atención Institucional (CAI) San José, conocido como la cárcel de San Sebastián.

El caso fue detectado durante un operativo de control interno realizado por la Policía Penitenciaria en los accesos del centro penal, como parte de las inspecciones de rutina que se aplican al personal antes de iniciar su jornada laboral.

Según informó el Ministerio de Justicia, durante las revisiones los oficiales localizaron cuatro chips para teléfono celular, una llave maya, una tarjeta de memoria y un cable USB, artículos cuyo ingreso está prohibido debido al riesgo que representan para la seguridad dentro de los centros penitenciarios.

Entre las personas remitidas a las autoridades judiciales figuran cinco oficiales de la Policía Penitenciaria y dos funcionarios administrativos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia para que se determine su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado si los dispositivos estaban destinados a algún privado de libertad en particular ni si existe alguna organización criminal detrás del aparente intento de introducir estos artículos al centro penitenciario.

El hallazgo se produjo como resultado de los controles internos implementados por la propia Policía Penitenciaria, una estrategia que el Ministerio de Justicia ha reforzado en los últimos meses con el objetivo de combatir posibles actos de corrupción dentro del sistema carcelario.

El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, afirmó que la institución mantendrá una política de absoluta firmeza frente a cualquier conducta que comprometa la seguridad de los centros penales.

“El orden y la disciplina también empiezan por casa. La Policía Penitenciaria seguirá fortaleciendo sus controles internos y actuará con absoluta firmeza frente a cualquier conducta que comprometa la seguridad de los centros penales. La corrupción no tiene cabida en esta institución”, manifestó el comisario.

El jerarca añadió que la institución continuará intensificando las revisiones tanto a visitantes como al personal penitenciario, con el propósito de evitar el ingreso de objetos que puedan facilitar actividades ilícitas dentro de las cárceles.

Por su parte, el Ministerio de Justicia respaldó la actuación de la Policía Penitenciaria y reiteró que la administración mantiene una política de “cero tolerancia con la corrupción”.

En un mensaje divulgado tras el operativo, la institución aseguró que continuará fortaleciendo los mecanismos de control interno para detectar y sancionar cualquier irregularidad cometida por funcionarios del sistema penitenciario.

“La Dirección de la Policía Penitenciaria pone orden y envía a la Fiscalía de Flagrancia a siete funcionarios del CAI San José por intentar meter artículos ilegales. Cero tolerancia con la corrupción. Vamos a limpiar la casa”, señaló el Ministerio de Justicia.

Los dispositivos electrónicos, especialmente los chips para teléfonos celulares y las memorias de almacenamiento, son considerados artículos de alto riesgo dentro de los centros penitenciarios, ya que pueden facilitar comunicaciones no autorizadas entre personas privadas de libertad y organizaciones criminales que operan fuera de las cárceles.

Por esa razón, el ingreso de este tipo de objetos está estrictamente prohibido y constituye una de las principales amenazas para el control y la seguridad penitenciaria.

El caso ahora permanecerá bajo investigación de la Fiscalía de Flagrancia, que determinará si existen elementos suficientes para presentar cargos contra los siete funcionarios involucrados.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia aseguró que continuará colaborando con las autoridades judiciales y reiteró que cualquier funcionario que incurra en actos que comprometan la seguridad del sistema penitenciario enfrentará las consecuencias administrativas y penales correspondientes.

La investigación representa uno de los casos más recientes en los que los propios mecanismos de control interno del sistema penitenciario permiten detectar presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos, en momentos en que el Gobierno ha insistido en reforzar las medidas para combatir la corrupción y fortalecer la seguridad en los centros penales del país.