La contadora de La Plata acusada de liderar una asociación ilícita se negó a declarar y la causa sumó cinco nuevos detenidos

La contadora platense Natalia Foresio, imputada en una megacausa federal por asociación ilícita fiscal, evasión y lavado de activos, se negó este martes a ampliar su declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata. La decisión llegó en la misma semana en que la Justicia ordenó cinco nuevas detenciones y diez allanamientos simultáneos que amplían el alcance de la red investigada.

La audiencia se celebró con Foresio acompañada por su abogado Miguel Molina, quien le aconsejó ejercer el derecho constitucional al silencio previsto en el Código Procesal Penal, una facultad que no puede interpretarse en su contra. El equipo de defensa, integrado también por el letrado Alfredo Gascón, viene desplegando esa estrategia en las últimas semanas mientras analiza el nuevo universo probatorio incorporado en el incidente 55, que amplía la imputación original.

La causa tiene su origen en una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según la Justicia, Foresio habría diseñado y administrado, junto a su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Hugo Fernando Gatti y Claudia Mariela Soria, un esquema de facturación apócrifa que operaba en tres niveles: empresas “usinas” que emitían facturas falsas, firmas intermedias que registraban esas compras y las revendían, y compañías reales que se beneficiaban con el crédito fiscal espurio generado. La maniobra habría comenzado en 2020 y el perjuicio estimado supera los 40.000 millones de pesos.

Foresio fue procesada en mayo de 2025 junto a Cortazzo, Gatti y Soria por asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

La nueva tanda de operativos, ejecutada por la Gendarmería Nacional Argentina, incluyó diez allanamientos simultáneos y la detención de cinco personas: Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado, Agustín Loguzzo y Franco Nicolás Leonardi. La resolución judicial que ordenó los procedimientos se sustenta, en parte, en el peritaje sobre los dispositivos secuestrados a Foresio, que reveló conversaciones de la contadora con Mangini y Loguzzo sobre confección de facturas, compraventa y conformación de sociedades.

La Justicia identificó además un nuevo conjunto de firmas —ALLBAMEPAL SA, PUNTA DEL INDIO SAS, VENTAS@TOTALES SA, SOLUCIONES@DINÁMICAS SAS y ARGENTINA DINÁMICA SA— que habrían operado como una nueva usina de crédito fiscal espurio. Según ARCA, cuatro de esas cinco empresas fueron proveedoras de la Superintendencia de Salud de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por más de dos mil millones de pesos entre 2021 y 2024, y sus datos se encuentran vinculados al estudio contable de Foresio o a sus direcciones IP.

El Ministerio Público Fiscal amplió el requerimiento de instrucción y sostuvo que la investigación podría estar frente a “un nuevo entramado delictivo” integrado, una vez más, por Foresio y los cinco imputados en este tramo. Las actividades investigadas abarcarían tres aspectos: generación de crédito fiscal espurio mediante una asociación ilícita, intermediación financiera y defraudación al Estado mediante la creación de falsas licitaciones con destino a la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía bonaerense.

Mientras tanto, la defensa de Foresio mantiene abierto un segundo frente: el pedido de excarcelación presentado ante el mismo juez Kreplak, que ya fue corrido a vista de la Fiscalía Federal N°3. En ese escrito, Molina argumenta que Foresio es la única imputada privada de libertad en una causa con decenas de procesados en libertad, que lleva más de un año de instrucción con todas las medidas de prueba relevantes ya producidas, y que durante el arresto domiciliario —vigente desde julio de 2025, luego de su paso por el penal de Ezeiza— la contadora cumplió estrictamente cada condición impuesta: rondines policiales, prohibición de dispositivos electrónicos, baja del servicio de internet, cierre del estudio contable y baja voluntaria de su matrícula profesional. La defensa ofrece tobillera electrónica como garantía adicional.

El juez Kreplak deberá resolver el pedido de excarcelación una vez que la Fiscalía evacúe la vista. Tras los operativos del 16 de junio, la causa suma ya al menos nueve procesados y no deja de extenderse.