Pidieron 14 años de prisión para un productor rural acusado de organizar y financiar maniobras narco

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación solicitó una condena de 14 años de prisión para el productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, quien será juzgado por presuntamente organizar y financiar una red de tráfico ilícito de estupefacientes entre junio de 2019 y marzo de 2024 en Paraná y Diamante, provincia de Entre Ríos.

Durante la audiencia celebrada este viernes, la acusación planteó que las operaciones se habrían realizado desde campos de Airaldi, donde habría funcionado una pista de aterrizaje clandestina. Esta misma habría sido empleada para el arribo de avionetas con cocaína y la partida de lanchas destinadas a la distribución de la droga.

El pedido fue formulado durante el alegato presentado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná por el fiscal general José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona. El tribunal estuvo integrado por las juezas Noemí Marta Berros (presidenta), Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Fiscales, los representantes del Ministerio Público Fiscal reclamaron condenas de entre 3 y 7 años de prisión para otros ocho imputados vinculados a la organización narcocriminal que también están siendo juzgados junto con el productor rural.

Como agravantes en el caso de Airaldi, la acusación señaló la cantidad y variedad de estupefacientes incautados, el uso de aeronaves para tráfico transnacional, la violencia desplegada para sostener la organización y la posibilidad de que hubiera obtenido recursos por vías lícitas debido a la actividad que desempeñaba en el mundo agropecuario.

De la misma manera, se solicitó el decomiso de la estancia El Mirador, propiedad del principal acusado, al considerar que fue utilizada como instrumento para la comisión del delito, por su extensión, ubicación estratégica sobre la costa del río y las dificultades de acceso al lugar.

Por su parte, Airaldi presenció el alegato fiscal por vía llamada desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El acusado se encuentra alojado allí desde febrero de 2026 bajo el régimen del Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), ya que también es investigado en otra causa por la presunta planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Durante su alegato, el fiscal general Candioti sostuvo que la responsabilidad de Airaldi quedó demostrada con la prueba reunida en el debate oral. Explicó que la investigación comenzó en 2019, cuando el Juzgado Federal de Paraná encargó tareas de inteligencia a la Prefectura Naval Argentina, tras denuncias de vecinos sobre actividades de narcotráfico en un campo vinculado a Airaldi.

En esa oportunidad, los vecinos habían indicado la existencia de una pista de aterrizaje clandestina, información que luego fue corroborada mediante registros con drones y fotografías que documentaron movimientos de aeronaves en el predio.

De manera paralela, la Policía de Entre Ríos investigó a Airaldi y recogió testimonios sobre movimientos nocturnos inusuales, la salida de embarcaciones y la existencia de la pista. Además, la propia fuerza informó al juez federal que Airaldi contaba con “una protección dentro de la misma policía”.

Por otro lado, las investigaciones federales de Paraná y Santa Fe coincidieron en vincular al productor rural con el comercio de estupefacientes. En una causa acumulada en Santa Fe, la Policía Federal advirtió sobre la protección policial que le permitía moverse sin riesgo por la zona. Entre las pruebas destacadas figura el secuestro de 29,5 kilogramos de cocaína en 2022 en una vivienda de Puerto Gaboto, Santa Fe, hecho considerado parte de la estructura criminal investigada.

En este sentido, los fiscales apuntaron que la prueba producida permitió acreditar que Airaldi habría ejercido funciones de organización, financiamiento y control territorial, recurriendo a mecanismos violentos para sostener la actividad ilícita. Por esto, sostuvieron que del análisis de las comunicaciones su rol fue identificado como quien impartía directivas y coordinaba la estructura, lo que habría confirmado así su condición de organizador y financista.

Las intervenciones telefónicas y mensajes recuperados de celulares secuestrados a los imputados fueron valorados como evidencia central, ya que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización y el uso de un lenguaje codificado. Además, se identificaron términos como “lomo”, “novillito”, “maple”, “maple con pelo” y “huevos”, utilizados para referirse a drogas, enmascarando las conversaciones dentro de un contexto agropecuario.

De hecho, en una de las comunicaciones se mencionaba que “los maples van a llegar a Gaboto”, en alusión al traslado de estupefacientes. En otra, se hablaba de un “novillito lastimado”, expresión asociada a un paquete de cocaína dañado. También se registró que uno de los involucrados refirió haber cobrado 10 millones de pesos “por salir a pescar”, expresión que fue interpretada como una referencia a actividades ilícitas.

Al finalizar la exposición, los fiscales solicitaron condenas como coautores para Juan Andrés Erbes (7 años), Sebastián Agustín Armocida (6 años y 4 meses) y Roberto Fabián Coronel (6 años). Para Joel Schonfeld y María Soledad Touzet, considerados partícipes secundarios, requirieron penas de 4 años y 6 meses y 3 años y 3 meses de prisión, respectivamente, contemplando para Touzet una perspectiva de género en función de su declaración durante el debate.

En el caso de Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez, se les atribuyó un papel menor en la organización y se solicitaron penas de 3 años y 2 meses para el primero y 3 años de ejecución condicional para los dos últimos.

El juicio comenzó el 3 de marzo y, en trece audiencias, declararon más de cincuenta testigos, incluidos integrantes de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Está previsto que las audiencias continúen el 1, 30 y 31 de julio con los alegatos de las defensas. Mientras tanto, el veredicto se dará a conocer el 13 de agosto.