La representante del Estado de Honduras, Marlen Talbott reiteró durante la audiencia que el país mantiene su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y aseguró que continuará cooperando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro de las competencias establecidas por el Sistema Interamericano.
Sin embargo, explicó que, tras analizar la solicitud presentada, el Estado concluyó que esta excede la finalidad prevista en los artículos 66 al 70 del Reglamento de la CIDH. Informó que Honduras presentó formalmente su inconformidad ante la Comisión y que los argumentos oficiales serán remitidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su respuesta por los canales diplomáticos correspondientes.
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Talbott sostuvo que las modalidades de audiencia contempladas en el artículo 62 del Reglamento de la CIDH tienen objetivos específicos, entre ellos el seguimiento de recomendaciones y la recepción de información general sobre la situación de los derechos humanos en un Estado. Desde esa perspectiva, señaló que este mecanismo no debería utilizarse para debatir controversias individuales o procesos judiciales concretos.
La objeción del Estado
La representación del Estado argumentó además que utilizar una audiencia pública para analizar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitir valoraciones sobre actuaciones estatales o referirse a procesos de supervisión en curso no corresponde a la naturaleza de este mecanismo. Según la postura oficial, ello resulta incompatible con el artículo 66 del reglamento de la Comisión y podría interferir con los procedimientos institucionales del Sistema Interamericano.
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Honduras expresó que el uso de una audiencia de monitoreo para abordar controversias individuales, contraviene el principio de subsidiariedad, que establece que los mecanismos internacionales actúan de forma complementaria a las instituciones nacionales. El Gobierno también sostuvo que la CIDH debió examinar previamente la compatibilidad de la solicitud con su reglamento antes de admitir la audiencia.
En esa línea, el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, declaró a Infobae que Honduras mantiene una posición de respeto hacia la CIDH, aunque manifestó que el Estado no comparte el enfoque adoptado para la convocatoria y considera que la actuación del organismo debe ajustarse a las disposiciones de su reglamento y a la jurisprudencia del Sistema Interamericano.
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Las críticas a la postura oficial
En contraste, el abogado y analista en derechos humanos Joaquín Mejía cuestionó la postura del Gobierno y defendió las atribuciones de la Comisión Interamericana. A su juicio, el Estado hondureño debería actuar con mayor cuidado al designar a sus representantes en este tipo de audiencias internacionales.
Mejía calificó como “un ridículo” la estrategia del Estado de intentar, según su criterio, deslegitimar la audiencia y poner en duda las facultades de la CIDH. El analista sostuvo que la Comisión tiene la potestad de convocar este tipo de espacios para conocer información sobre posibles afectaciones a los derechos humanos y afirmó que el debate debería centrarse en responder al contenido de las denuncias presentadas y no en cuestionar la competencia del organismo.
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El procurador Aspra, reiteró a Infobae , que “Honduras no contempla desligarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reiteró que el Estado mantiene una posición de respeto hacia el organismo”. A su vez señala que, la postura presentada responde a una diferencia sobre el enfoque de la audiencia y no a un desconocimiento de las funciones de la CIDH,
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