Estafas desde la cárcel de Magdalena: allanaron a un penitenciario por supuestos vínculos con el asesino del Mago Alex y su novia
La DDI de San Isidro realizó una serie de operativos que concluyeron con la detención de miembros de una banda acusada de defraudaciones y estafas telefónicas cometidas desde cárceles bonaerenses. Las diligencias, supervisadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Investigaciones Complejas (UFEIC) Zona Norte, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, incluyeron allanamientos en las Unidades 28 y 35 de Magdalena y domicilios de Magdalena y San Justo.
El caso se inició en diciembre de 2025, cuando una víctima denunció que transfirió dinero por el alquiler temporal de un inmueble en Mar del Plata, operación que resultó fraudulenta. Dos meses después, otro damnificado reportó que, tras recibir llamados de supuestos representantes de empresas, le sustrajeron accesos a sus aplicaciones y clonaron sus cuentas digitales para intentar obtener transferencias de sus contactos.
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Los investigadores analizaron registros telefónicos, movimientos bancarios e impactos de IP, logrando identificar a los presuntos líderes de la organización dentro de las Unidades Penitenciarias N.º 28 y 35. El análisis permitió vincular a internos que, con apoyo de personas en libertad en Magdalena y San Justo, montaron un esquema de estafas usando celulares y cuentas apócrifas.
El 18 de marzo de 2026, un primer allanamiento en la Unidad 28 de Magdalena derivó en la detención de Rubén Andrés Grasso, quien cumple una condena de prisión perpetua por el doble crimen de Leonardo “Alex” Fernández y Jéssica Alberti Cigola, ocurrido el 24 de octubre de 2019 en San Fernando. El secuestro de un celular en ese procedimiento resultó clave para la investigación.
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La revisión del dispositivo permitió establecer la colaboración de Rodolfo Ezequiel Guzmán, sargento del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y quien fuera jefe del pabellón donde estaba alojado el doble homicida, para quien habría gestionado pedidos y transferencias. También se identificaron domicilios asociados a otros internos y colaboradores externos.
Dos meses más tarde, durante el lunes, la Justicia libró nuevas órdenes de allanamiento que posibilitaron la detención de Nicolás Adrián Corbalán, Jonathan Agustín Corbalán (ambos alojados en la Unidad 35), Agustina Nahiara Molina y Yamila Soledad Solorzano.
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En tanto, el penitenciario Guzmán quedó formalmente imputado por su presunta colaboración con la organización. Entre los elementos incautados se cuentan cinco teléfonos celulares y un automóvil Peugeot 307. Sobre Agustina Nahiara Molina pesa además un pedido de paradero vigente por una causa de extorsión con intervención de la UFI 2 de Azul.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, Jonathan Corbalán cumple una condena de cuatro años impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 3 de Quilmes por robo agravado y robos en grado de tentativa, mientras que Nicolás Corbalán purga condena por “robo agravado en poblado y en banda en concurso real con robo simple”, dictada por el TOC Nº 1 de Quilmes.
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Las actuaciones judiciales siguen bajo la órbita del Departamento Judicial San Isidro, con la investigación enfocada en el alcance total de la organización y el seguimiento de las maniobras económicas detectadas.
El doble homicidio por el que condenaron al principal sospechoso
La sentencia contra Grasso fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro e incluyó a su medio hermano, Roberto Juan Alegre, como coautor. Durante el juicio, los acusados admitieron haber estado bajo efectos de drogas al momento del violento ataque.
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Según relató Grasso ante la Justicia, mantenía una relación de negocios con Fernández que incluía la falsificación de tarjetas de crédito, documentos y dólares estadounidenses. La noche del crimen, tras una fuerte discusión, Fernández y su pareja fueron atacados en el domicilio de Grasso.
El fallo judicial también involucró al remisero Alexis Miguel Bonnet, quien fue absuelto por el doble homicidio, pero condenado a 10 años y medio de cárcel por encubrimiento agravado y robo simple en la vivienda del ilusionista.
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La investigación, coordinada entre la DDI San Isidro y la Policía de la Ciudad, determinó que la motivación del crimen estuvo vinculada a conflictos por dinero y negocios ilícitos entre las partes.
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