La Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas desarticuló una red dedicada a la comercialización ilegal de Nalbufina en un operativo realizado entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. En la investigación intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 de Azul, a cargo del fiscal Cristian Roberto Matías Citterio, junto al Juzgado de Garantías N° 2, conducido por Federico Barberena, además de autoridades judiciales de Rosario.
El caso dejó expuesto el desvío y la venta ilegal de Nalbufina, un opioide de uso hospitalario con alto potencial adictivo.
Según pudo saber Infobae todo comenzó luego de que vecinos de la localidad bonearense de General Alvear alertaran sobre el crecimiento del consumo y la venta clandestina de un medicamento conocido comercialmente como Nubaína, cuyo principio activo es la Nalbufina. Se trata de un opioide inyectable utilizado en hospitales y centros de salud para tratar dolores intensos, con efectos comparables a la morfina y cuya comercialización se encuentra bajo estricto control médico.
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De acuerdo con los investigadores, el consumo ilegal de la sustancia se había expandido entre personas vinculadas a trabajos de alta exigencia física y también en ambientes deportivos. El consumo indebido puede provocar depresión respiratoria, pérdida de conocimiento, dependencia y sobredosis. Incluso, de acuerdo con el expediente, ya se habían registrado internaciones vinculadas al uso de Nalbufina en General Alvear.

En ese contexto, se identificó a M.A.D. como uno de los principales vendedores en General Alvear, donde operaba desde una bicicletería. Entre sus clientes figuraban ciclistas, obreros y jóvenes. La sustancia era comercializada en ampollas y los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales. El análisis de transferencias bancarias y movimientos digitales permitió a los investigadores reconstruir parte del circuito de comercialización.
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Las tareas de inteligencia incluyeron vigilancias estáticas y dinámicas, filmaciones y registros fotográficos. Los investigadores determinaron la existencia de una cadena de provisión que conectaba a M.A.D. con C.W.B., domiciliado en Granadero Baigorria, Santa Fe, y con un proveedor principal radicado en Rosario, identificado como un ex empleado farmacéutico.
La principal sospecha es que las ampollas eran obtenidas de manera ilegal a través de farmacias, hospitales o centros de salud para luego ser revendidas en el mercado clandestino. Fuentes del caso detallaron que C.W.B., quien también posee una bicicletería, utilizaba a su hija como recaudadora y encargada de las transferencias.
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Los investigadores viajaron en al menos siete oportunidades a Santa Fe para profundizar las tareas de seguimiento y establecer los domicilios involucrados. El caso tomó impulso definitivo cuando se detectó que una encomienda enviada desde Rosario llegaría a General Alvear con una importante cantidad de Nalbufina.
El operativo culminó el pasado 9 de mayo, cuando se ejecutaron cinco allanamientos simultáneos: dos en General Alvear, dos en Granadero Baigorria y uno en Rosario. En total, los efectivos secuestraron 340 ampollas de Nalbufina, $1.721.000 en efectivo, un revólver calibre .38 sin numeración, siete teléfonos celulares, documentación, agujas, jeringas y otros elementos de interés para la causa.
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Además, los investigadores detectaron que gran parte de las ampollas secuestradas compartían el mismo número de lote y fecha de vencimiento, un dato considerado clave para rastrear el origen de la sustancia y reconstruir la ruta de distribución.
Durante los procedimientos fueron aprehendidos Y.B.B., de 24 años, identificada como recaudadora, y M.A.D., señalado como vendedor. La Fiscalía dispuso la notificación de la formación de la causa por infracción al artículo 204 del Código Penal, que sanciona la venta ilegal de medicamentos. Ambos recuperaron la libertad posteriormente.
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Por otro lado, el Juzgado de Garantías N° 3 de Rosario ordenó la aprehensión de C.W.B. por tenencia de arma de fuego de guerra, ya que durante uno de los allanamientos se secuestró un revólver calibre .38 sin marca ni numeración visible.
Las autoridades judiciales y policiales continúan ahora con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados mediante pericias UFED. El objetivo es determinar si detrás de la maniobra existía una organización más amplia dedicada al desvío y comercialización ilegal de medicamentos opioides.
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