Panamá busca establecer que las empresas que operan bajo su jurisdicción mantengan una presencia real en el país

El primer debate el Proyecto de Ley 641, que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta y establece requisitos de sustancia económica para determinar rentas pasivas de fuente extranjera, inició con una firme defensa de parte de las autoridades gubernamentales.

Su proponente, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, que la propuesta representa “una decisión soberana, inteligente y estratégica” para adaptar al país a las nuevas exigencias del entorno económico global.

Esto, aseguró, sin renunciar al principio de territorialidad fiscal que históricamente ha caracterizado a Panamá.

“Hoy es un día importante para nuestro país, no porque nos lo exija nadie desde afuera, sino porque Panamá ha decidido, con convicción propia, dar un paso que fortalece su posición en el mundo”, afirmó.

En esta primera jornada de consultas participaron algunos abogados, entre estos, el exdefensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien dijo que parte del texto de este proyecto de ley podría afectar las inversiones legítimas.

Su colega, Ramsés Owens, se mostró aprensivo al documento, por lo que consideró prudente aprobar una ley de sustancia económica con algunas excepciones.

El proyecto, según Chapman, busca garantizar que las empresas que operan bajo jurisdicción panameña mantengan una presencia real en el territorio nacional, mediante la generación de empleos, contratación de proveedores locales y toma de decisiones desde Panamá.

La medida, en su opinión, no representa una carga para el sector empresarial, sino una oportunidad para atraer inversiones de calidad y fortalecer la economía nacional.

Las multinacionales y empresas que ya mantienen operaciones sustanciales en Panamá serán beneficiadas con mayores garantías jurídicas, reducción de fricciones financieras en sus países de origen y mejores condiciones para competir internacionalmente, dijo.

Además, según una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas, el jefe de la cartera económica indicó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos del país por salir de listas internacionales que, a juicio del Gobierno, no reflejan la verdadera realidad económica del país.

Durante la discusión del proyecto se indicó que se dará la incorporación de recomendaciones de distintos sectores, incluyendo empresarios, gremios, abogados, académicos y ciudadanos.

“El objetivo no es aprobar una ley por cumplir un trámite. El objetivo es aprobar la mejor ley posible para Panamá”, sostuvo Chapman, al tiempo que aseguró que la normativa busca consolidar a Panamá como “un socio confiable, transparente y competitivo”.

En tanto, Aylín Jaramillo, en representación de la firma de abogados Rivera, Bolívar, Castañeda, expresó que este proyecto representa una oportunidad para Panamá para reafirmar su compromiso con la transparencia y defender un modelo tributario competitivo basado en la seguridad jurídica, la proporcionalidad y el respeto al principio de territorialidad.

Una vez culminado este primer día de consultas, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, el diputado Eduardo Gaitán, manifestó que luego de escuchar las diversas intervenciones con algunas recomendaciones, consideró que en el fondo todos están de acuerdo de que Panamá requiere de una ley de sustancia económica.

Agregó que se ha recibido mucha correspondencia con observaciones de diversos sectores y gremios y espera que estos participen presencialmente en los próximos días.

“Tenemos planeado recibir sus propuestas para que a partir de la siguiente semana trabajar en un documento consolidado con cada una de las modificaciones”, precisó Gaitán, quien informó que el periodo de consultas de este proyecto continuará este 12 de mayo.