La Fiscalía de Santa Fe avanzó este jueves con la imputación formal de un subcomisario de 43 años, por su presunta participación en la maniobra de cobro de coimas que había quedado al descubierto a fines de abril y por la cual otros dos efectivos de altos rangos fueron detenidos.
El personal policial involucrado está acusado de haber exigido el pago de 1 millón de pesos a un ciudadano a cambio de devolverle una motocicleta retenida. La audiencia tuvo lugar en los tribunales provinciales, donde el fiscal Ezequiel Hernández les atribuyó el delito de exacciones ilegales agravadas dentro de la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe y sostuvo que el reciente acusado actuó junto a sus subordinados, abusando de su función y ejerciendo presión sobre la víctima.
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El episodio que dio origen a la investigación ocurrió cuando un hombre denunció ante la Unidad Especial de Asuntos Internos que dos policías, un inspector de 37 años y un suboficial de 49, le solicitaron la mencionada suma de dinero para recuperar su vehículo, secuestrado en Sauce Viejo. Según la denuncia, los agentes lo amenazaron con implicarlo en una “falsa denuncia” y con la posibilidad de enfrentar hasta quince años de prisión si no entregaba lo exigido. El denunciante, lejos de ceder ante la extorsión, se presentó ante las autoridades y facilitó la intervención del Ministerio Público de la Acusación.
Para avanzar en la investigación, el fiscal organizó un operativo encubierto donde la víctima ingresó a la comisaría con billetes previamente marcados, mientras el personal encubierto esperaba en las inmediaciones. Tras concretarse la entrega, desde Asuntos Internos ingresaron a la departamental y encontraron el dinero en posesión de los dos acusados. Ambos fueron detenidos e imputados formalmente por exacciones ilegales agravadas.
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En paralelo, la fiscalía mantuvo abierta la posibilidad de que hubiera otros implicados en la maniobra, y finalmente se confirmó la participación del nuevo imputado. Las declaraciones y pruebas recolectadas durante la investigación condujeron a la imputación del subcomisario, quien cumplía funciones de subjefe en la dependencia y habría actuado en coordinación con los otros dos policías ya procesados. Los investigadores sostienen que la extorsión se organizó y ejecutó bajo la supervisión del mando de mayor jerarquía.
Las actuaciones judiciales continúan con la revisión de las pruebas y la búsqueda de posibles nuevos involucrados. El MPA remarcó que la instrucción de la causa sigue en curso y que serán evaluadas todas las evidencias recolectadas en los procedimientos, incluyendo los billetes marcados y los registros de la comisaría.
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El caso de las coimas que involucra a Policías de la Ciudad
El juez Gustavo Hornos, titular de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió que la investigación contra tres comisarios de la Policía de la Ciudad acusados de pedir coimas a casas de cambio continúe bajo la órbita de la Justicia Federal. La decisión rechazó el planteo de los abogados defensores, quienes pretendían que el expediente permaneciera en el fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa se originó tras una denuncia presentada por miembros de Gendarmería Nacional Argentina, quienes informaron que los policías ofrecían pagos mensuales en dólares a cambio de información reservada sobre investigaciones en curso contra agencias financieras no habilitadas. De acuerdo con el expediente, los imputados ofrecían entre 500 y 1.000 dólares al mes y sumas adicionales de hasta 5.000 dólares por anticipar datos sobre operativos, con el objetivo de proteger a los responsables de las casas de cambio en el centro porteño.
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El proceso judicial se inició en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, pero, tras un análisis de competencia, fue remitido al fuero federal. La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó este criterio y denegó el recurso presentado por la defensa de Andrea Elizabeth Tejedor y Marco Antonio Barbosa. El fallo sostiene que no corresponde la intervención de la Casación salvo en supuestos de denegatoria del fuero federal, condición que no se verificó en este expediente.
La causa incluye la intervención de un agente revelador y grabaciones que comprometen a los tres comisarios, entre ellos el jefe de la División Fraudes Bancarios, un subcomisario y un inspector. Todos permanecen en situación pasiva tras la apertura de un sumario administrativo.
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