La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, solicitó a la Corte Nacional de Justicia que emita un pronunciamiento sobre el alcance legal y administrativo de las denominadas “pruebas de confianza” que podrían aplicarse a servidores de la Función Judicial, en medio de los intentos institucionales por reforzar los controles internos frente a denuncias de corrupción e infiltración del crimen organizado.
El pedido fue anunciado este 7 de mayo de 2026 por el propio Consejo de la Judicatura, que informó que busca “garantizar seguridad jurídica” antes de avanzar en mecanismos de evaluación y control dentro del sistema judicial ecuatoriano.
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Aunque la institución no detalló todavía qué pruebas concretas pretende implementar, el debate público alrededor de las “pruebas de confianza” ha incluido en los últimos años herramientas como exámenes patrimoniales, evaluaciones psicológicas, análisis toxicológicos, investigaciones de entorno, revisión financiera e incluso el uso de polígrafo para determinados funcionarios públicos.
La solicitud ocurre en un contexto marcado por múltiples investigaciones relacionadas con operadores judiciales señalados por presuntos vínculos con estructuras criminales, especialmente en casos asociados con narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada.
Según el Consejo de la Judicatura, el objetivo es que la Corte Nacional precise aspectos como los límites constitucionales de estas evaluaciones, los tipos de funcionarios que podrían ser sometidos a ellas y el eventual uso de los resultados dentro de procesos disciplinarios, evaluaciones o concursos internos.
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La discusión tiene además un componente jurídico sensible. Diversos sectores del derecho han advertido anteriormente que ciertos mecanismos, particularmente el polígrafo, podrían entrar en tensión con garantías constitucionales como la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y el debido proceso.
En Ecuador, el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, mientras que la Corte Nacional de Justicia constituye el máximo tribunal de justicia ordinaria del país.
El anuncio también se produce pocos días después de que Mercedes Caicedo asumiera oficialmente la presidencia del organismo. Desde su posesión, la funcionaria ha planteado una agenda enfocada en control disciplinario, fortalecimiento institucional y cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado dentro del sistema judicial.
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En paralelo, la Judicatura informó que también solicitó a la Corte Nacional pronunciamientos relacionados con concursos y procesos de evaluación de jueces y funcionarios, con el argumento de evitar futuras controversias jurídicas.
La aplicación de pruebas de confianza en instituciones estatales no es nueva en Ecuador. En sectores vinculados con seguridad y control, como la Policía y algunas áreas estratégicas del Estado, han existido mecanismos similares orientados a detectar posibles riesgos de corrupción o infiltración criminal. Sin embargo, su incorporación dentro de la Función Judicial ha generado debate debido al nivel de autonomía e independencia que la Constitución reconoce a jueces y operadores de justicia.
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El tema también aparece en un momento de alta presión pública sobre el sistema judicial ecuatoriano. Durante los últimos años, varios casos de alto impacto provocaron cuestionamientos sobre decisiones judiciales que permitieron la liberación de procesados vinculados con organizaciones criminales, lo que derivó en investigaciones administrativas y penales contra jueces y funcionarios.
Hasta el momento, la Corte Nacional de Justicia no ha emitido una respuesta pública sobre el pedido formulado por la Judicatura.
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