Estados Unidos definirá el futuro de José Serrano el 13 de mayo: si es deportado a Ecuador irá a prisión

La justicia migratoria de Estados Unidos definirá el próximo 13 de mayo de 2026 la situación del exministro del Interior de Ecuador José Serrano, detenido desde agosto del año pasado en Florida mientras enfrenta un proceso de deportación que podría derivar en su traslado inmediato a Ecuador, donde pesa sobre él una orden de prisión preventiva por el caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La audiencia está prevista ante una jueza migratoria en Florida, según reportaron medios ecuatorianos como Primicias y Ecuavisa. Serrano permanece recluido en el centro de detención migratoria Krome, una de las instalaciones más grandes administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El exfuncionario ecuatoriano busca obtener protección migratoria en territorio estadounidense. Su defensa sostiene que enfrenta persecución política y riesgos para su seguridad si retorna a Ecuador. Sin embargo, si la justicia estadounidense rechaza su pedido y ordena la deportación, Serrano sería entregado a las autoridades ecuatorianas para enfrentar el proceso penal abierto en su contra por el denominado caso “Magnicidio FV”.

La investigación gira alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado el 9 de agosto de 2023 al salir de un mitin político en Quito. El crimen se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia política en la historia reciente de Ecuador y detonó múltiples investigaciones sobre redes criminales infiltradas en el Estado.

La Fiscalía General del Estado vinculó formalmente a Serrano en septiembre de 2025 como presunto autor intelectual del crimen. Junto con él también fueron señalados el exasambleísta correísta Ronny Aleaga y los procesados de otros casos, Xavier Jordán y Daniel Salcedo.

Según la teoría fiscal, Serrano habría utilizado contactos policiales para proporcionar información sobre movimientos y esquemas de seguridad de Villavicencio. La Fiscalía sostiene además que Xavier Jordán habría financiado la operación y que Aleaga habría servido como enlace político. Las acusaciones se apoyan en testimonios protegidos y declaraciones de colaboradores procesales.

Serrano ha negado todas las acusaciones y ha insistido en que el proceso responde a motivaciones políticas. Desde Estados Unidos ha sostenido que es víctima de persecución y que no existen pruebas directas que lo vinculen con el crimen.

El exministro reside en Estados Unidos desde 2021. Durante ese tiempo solicitó asilo argumentando amenazas derivadas de su paso por el Ministerio del Interior y de enfrentamientos con estructuras criminales en Ecuador. Sin embargo, en agosto de 2025 fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses, en medio de un endurecimiento de controles migratorios y luego de que las autoridades ecuatorianas avanzaran en el proceso penal relacionado con Villavicencio.

Sobre Serrano pesa una orden de prisión preventiva emitida por la justicia ecuatoriana dentro del caso Magnicidio FV, por lo que sería detenido apenas llegue al país.

El caso también se conecta con otras investigaciones emblemáticas impulsadas por la Fiscalía ecuatoriana, entre ellas el caso Metástasis, que expuso presuntos vínculos entre estructuras del narcotráfico, operadores judiciales, policías y actores políticos.

José Serrano fue una de las figuras más poderosas del correísmo durante el gobierno de Rafael Correa. Ocupó el Ministerio del Interior entre 2011 y 2016 y posteriormente presidió la Asamblea Nacional. Durante su gestión al frente de la seguridad interna lideró operativos contra el crimen organizado y mantuvo un alto perfil político.

Su carrera sufrió un quiebre en 2018, cuando dejó la presidencia de la Asamblea tras la difusión de un audio en el que conversaba con el entonces prófugo Carlos Pólit sobre supuestas estrategias para afectar al fiscal general de la época.

Desde entonces, Serrano se mantuvo fuera de la primera línea política ecuatoriana y posteriormente se trasladó a Estados Unidos.

La decisión del próximo 13 de mayo será clave no solo para el futuro judicial del exministro, sino también para una de las investigaciones más sensibles del Ecuador reciente.