Qué pasó dentro de la comisaría: la reconstrucción del caso que investiga a cuatro policías en Córdoba

San Francisco del Chañar es una localidad pequeña del norte cordobés que, según el último censo, tiene 3.074 habitantes. Allí, cuentan los vecinos, los hechos de inseguridad no suelen ser frecuentes. Sin embargo, hace unos meses, una investigación por un robo derivó en una denuncia contra cuatro policías por abuso de autoridad y una joven que casi se quita la vida.

La historia se remonta a la noche del 25 de noviembre de 2025, cuando dos delincuentes entraron a robar a un almacén. Según se estableció, ingresaron por un ventiluz y se llevaron dinero en efectivo de la caja y ahorros en dólares que el dueño tenía guardados en el local. Sus movimientos quedaron registrados por una cámara de seguridad de un cajero automático ubicado en las inmediaciones. Con ese dato, la Policía inició una investigación para intentar identificarlos.

Durante meses, el caso avanzó sin resultados concretos. Se analizaron distintas hipótesis y posibles sospechosos, pero ninguna permitió individualizar a los autores del robo. Recién a fines de marzo de 2026 surgió una nueva línea investigativa que puso el foco en una mujer del pueblo, de 35 años, ante la sospecha de que podría tener en su poder parte del dinero sustraído o algún vínculo con los ladrones.

Bajo esa premisa, la mujer fue citada a la comisaría local el sábado 28 de marzo. Tras recibir la notificación, quiso conocer los motivos, pero no obtuvo respuestas. “Cuando llegues te vas a enterar”, le dijeron. Finalmente, se presentó pero salió del lugar llorando.

Durante la entrevista, según denunció su abogado Ignacio Almada Vargas, la mujer habría sido interrogada bajo presión con el objetivo de que se autoincriminara. Nerviosa, se contradijo en sus respuestas y, en ese escenario, los policías (tres hombres y una mujer) le exigieron que entregara su teléfono celular.

Siempre según la versión denunciada, la mujer, en estado de shock, les entregó su teléfono. Los efectivos revisaron el aparato sin orden judicial y accedieron a archivos que no guardaban relación con la causa. “Se trataba de material propio de esta persona, vinculado a la producción de contenido para adultos, que es de lo que vive”, explicó su letrado.

Según la fiscal Analía Cepede, a cargo de la investigación, el punto central radica en cómo se accedió a ese contenido: nunca quedó claramente establecido si la mujer fue convocada en calidad de testigo o como sospechosa. Esa diferencia, plantea Cepede, define los límites de actuación durante un interrogatorio. “Para acceder al celular de una persona, incluso si es testigo, se necesita su consentimiento voluntario o una orden judicial. Mucho más aún si se trata de una persona sospechada”, le dijo a Infobae.

Sin embargo, en este caso, los policías habrían revisado contenido íntimo —incluidos fotos y videos personales— y realizado comentarios de carácter libidinoso y sexual. Uno de ellos, incluso, intentó seducir a la mujer. “Ahora que ya sé lo que hacés puedo agregarte a mis redes y podemos salir un día”, le habría dicho, según consta en la denuncia.

El episodio tuvo un impacto inmediato. Al día siguiente, la mujer dejó el pueblo y se trasladó a Colonia Caroya, a unos 150 kilómetros de San Francisco del Chañar, cerca de Jesús María. En medio de esa situación, sufrió una crisis que derivó en un intento de suicidio. Estuvo tres días internada y, desde entonces, permanece con tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Mientras tanto, la investigación por el robo continuó. En ese marco, y sin que aún se conocieran los hechos denunciados dentro de la comisaría, se ordenó un allanamiento en el nuevo domicilio de la mujer, donde se secuestró su teléfono. Según pudo saber Infobae, durante ese procedimiento también se registraron situaciones de hostigamiento. La mujer se encontraba junto a su pareja —quien desconocía su actividad— cuando los efectivos habrían hecho alusiones al contenido del celular.

La denuncia por lo ocurrido dio origen a una investigación en la fiscalía de Deán Funes. Por el momento, la causa se encuentra en una etapa preliminar. La fiscal analía Cepede explicó que aún no cuenta con el testimonio directo de la denunciante, quien fue citada a declarar este jueves con acompañamiento psicológico previo. “La idea es que pueda hacerlo en un entorno cuidado, con todas las garantías para resguardar su intimidad”, señaló.

Según pudo saber Infobae, los cuatro efectivos están identificados y fueron pasados a situación pasiva, mientras que el Juzgado de Violencia de Género dictó una restricción de acercamiento hacia la mujer.