
Una mujer, dedicada a la producción y comercialización de contenido para adultos a través de la plataforma OnlyFans, denunció que cuatro policías de la localidad cordobesa de San Francisco del Cañar la obligaron a exhibir imágenes y videos íntimos de su celular mientras era indagada en la comisaría como sospechosa por un presunto robo.
Luego del incidente, la víctima habría intentado quitarse la vida, según declaró su abogado.
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Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la fiscal de la ciudad Deán Funes, Analía Cepede, abrió una investigación, en la que recién está tomando declaraciones testimoniales para saber qué pasó.
La denuncia fue presentada ante la Justicia, que inició una causa por abuso de poder y mal desempeño de funciones contra los cuatro policías presuntamente implicados.
“Aun siendo testigo se puede llegar a secuestrar (un celular) porque está en calidad de testigo. Ahora, cuando se trata de un sospechoso, de un delito, no se lo puede nunca obligar a entregar una aparatología móvil porque hace su derecho de intimidad y de defensa. Entonces, lo primero que se tiene que precisar es si a esta persona se la traía en uno o en otro carácter”, indicó la fiscal en diálogo con radio Mitre.
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“Una apertura de un teléfono de un sospechado solamente se permite a través de un pedido al juez de control o al juez de paz de turno que nos autorice a abrir ese teléfono”, agregó.
El abogado defensor de la mujer, Ignacio Almada Vargas, contó que su clienta fue encerrada e interrogada bajo presión, con el objetivo de que se autoincriminara en una causa por robo.“Hubo un mal desempeño de los deberes de funcionario público de parte de la Policía”, dijo el letrado en diálogo con El Doce.
Aseguró que también le solicitaron exhibir desde su propio teléfono material íntimo que no tenía relación con el hecho investigado.“Mi clienta no está ni siquiera imputada”, remarcó.
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“Si se está investigando un robo, no hay por qué vulnerar la intimidad de una persona ni exigirle que exhiba su cuerpo a través de imágenes o videos”, subrayó.
Días después del episodio en la comisaría, se realizó un allanamiento en la vivienda de la mujer. Según el abogado, solo se secuestraron dos teléfonos iPhone usados, un vehículo antiguo de poco valor y otros elementos.
La defensa solicitó la intervención de la oficina de Violencia de Género de Jesús María para acompañar a la víctima y garantizar su protección durante el proceso judicial, especialmente después de que -reveló- terminó internada tras un intento de suicidio.
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En tanto, la fiscal Cepede indicó que será clave el testimonio de la joven para “determinar bien todos los pasos”.
En ese sentido, explicó que intenta determinar “desde cómo llegó la comisaría, por qué llegó y cómo fue el trato y hasta dónde terminaron abusando o no de la función de ellos como personal policial frente a una persona que, si bien es cierto estaba en calidad de sospecha, tenía todas las garantías constitucionales de derechos de defensa”.
Cepede dijo que, de confirmarse el accionar delictivo de los policías, la figura penal es “abuso de autoridad”.
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