La Corte Suprema ordenó revisar la condena a perpetua de una ex policía por el crimen de un juez en Tucumán

Ema Hortensia Gómez, una ex integrante de la Policía de Tucumán, había sido condenada a prisión perpetua como partícipe del homicidio agravado del juez de menores Héctor Agustín Aráoz, asesinado en noviembre de 2004 en Yerba Buena. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia aceptó una queja presentada por la defensa de la mujer, dejó sin efecto la sentencia y ordenó que la Justicia provincial realice una revisión integral del fallo.

El caso pasó por múltiples instancias judiciales. En 2011, Gómez fue condenada a 13 años de prisión como partícipe primaria de homicidio simple. Sin embargo, tras una apelación, la Corte Suprema de Tucumán cambió la calificación a homicidio calificado por ensañamiento y dispuso fijar una nueva pena. Así, en 2015, la Justicia le impuso la pena máxima. Posteriormente, la defensa apeló esa resolución, lo que llevó la causa hasta la Corte Suprema de la Nación.

Ahora, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que, para modificar la calificación legal del hecho de homicidio simple a homicidio agravado por ensañamiento, correspondía aplicar el criterio del fallo “Casal” y realizar un nuevo control amplio sobre la sentencia.

“Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Remítanse los autos al tribunal de origen a efectos de que, por quien corresponda, de acuerdo con los lineamientos de este fallo, se proceda a la revisión de la sentencia”, señala la decisión.

El crimen

Ocurrió la tarde del 26 de noviembre de 2004. Aráoz, juez de menores, fue asesinado de 10 disparos en su domicilio de avenida Aconquija al 2.900, en la localidad tucumana de Yerba Buena. Según la investigación, ese día el magistrado había almorzado con su familia y regresó solo a su casa. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado acribillado.

La autopsia determinó que la muerte se produjo por un shock hipovolémico, ya que la víctima se desangró tras los impactos de bala. Las pericias en la escena determinaron que los balazos se produjeron en diferentes sectores de la vivienda, mientras el juez intentaba escapar.

La investigación determinó que el autor de los disparos fue el policía Alejandro Darío Pérez, quien mantuvo una relación sentimental con Ema Hortensia Gómez. Por ese entonces, el magistrado y la mujer aparentemente también tenían un vínculo afectivo. La Justicia consideró que la relación entre Aráoz y Gómez, sumada a la presencia de Pérez, derivó en una discusión que terminó en el homicidio.

Esta versión, sin embargo, se contrapone con la de la familia de Aráoz. El año pasado, los hijos de la víctima enviaron una carta al diario La Gaceta en la que rechazaron que el caso haya sido un “crimen pasional” y aseguraron que su padre había descubierto maniobras vinculadas a una red de delitos en el ámbito judicial y policial. “Era el camino más rápido y conveniente para dejar de lado el verdadero porqué del trágico destino de nuestro papá”, escribieron.

Lo concreto es que el expediente judicial avanzó con las condenas en 2011. A los 13 años de cárcel que recibió Gómez, se sumaron 18 para Pérez y 5 para otro policía, Andrés Enrique Fabersani, acusado de encubrimiento.

En diciembre de 2013, los jueces provinciales anularon la calificación de homicidio simple y ordenaron un nuevo debate, al considerar que había elementos para agravar la acusación. En 2015, la Cámara Penal dictó la pena máxima para Gómez, bajo la figura de homicidio calificado por ensañamiento.

En ese momento, Pérez permanecía en libertad, bajo una medida cautelar, y se fugó antes de escuchar la sentencia definitiva.

Pérez estuvo prófugo por casi una década. Recién lo capturaron en julio del año pasado en una vivienda de Lules. Intentó escapar por el fondo de la propiedad, pero fue reducido por los agentes. Un mes más tarde, un tribunal lo condenó a prisión perpetua.

Gómez, por su parte, estuvo detenida en la cárcel de mujeres de Banda del Río Salí. En 2016, obtuvo prisión domiciliaria por cuestiones familiares, aunque luego la Justicia revocó ese beneficio tras un episodio de incendio en su vivienda y ordenó su regreso al penal. La ex policía permaneció detenida allí, mientras la causa avanzaba en tribunales superiores.

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