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El presidente boliviano rechazó la violencia sindical tras la detención de 12 personas que ocuparon el Ministerio de Trabajo

La Central Obrera Boliviana escala su presión al Gobierno de Rodrigo Paz, que enfrenta un paro indefinido, bloqueos de carreteras y demandas de renuncia en su peor crisis social desde que asumió el poder en noviembre

Un manifestante se enfrenta con la policía al intentar llegar a la sede de la Presidencia de Bolivia, durante la tercera jornada consecutiva de protestas sociales contra el Gobierno de Rodrigo Paz, este miércoles en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
Un manifestante se enfrenta con la policía al intentar llegar a la sede de la Presidencia de Bolivia, durante la tercera jornada consecutiva de protestas sociales contra el Gobierno de Rodrigo Paz, este miércoles en La Paz (Bolivia) EFE/ Luis Gandarillas
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rechazó este jueves con dureza los métodos de protesta empleados por los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), un día después de que trabajadores fabriles ocuparan la sede del Ministerio de Trabajo en La Paz y la Policía arrestara a 13 personas, de las que una fue liberada y 12 permanecen detenidas. “El Ministerio de Trabajo es de todos ustedes y un sector consideró que tiene la libertad para entrar y violentar un espacio público del Estado boliviano. Creo que eso no se puede aceptar”, dijo el mandatario en declaraciones a los medios.

La ocupación se produjo el miércoles al mediodía, cuando decenas de fabriles de la Confederación de Fabriles de Bolivia irrumpieron en las instalaciones del ministerio, ubicado entre las calles Yanacocha y Mercado en el centro de La Paz, y desde sus balcones exigieron la renuncia del ministro Edgar Morales. Los dirigentes describieron la acción como “una toma simbólica”, aunque el titular ofreció una versión diferente: los manifestantes “ingresaron violentamente, golpearon la mesa, tomaron rehenes” e impidieron que funcionarios abandonaran el edificio. Alrededor de las 14:45, un contingente de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop) retomó el control con gases lacrimógenos y trasladó a los detenidos a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El Ministerio anunció cargos penales por privación de libertad y allanamiento.

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Paz calificó la violencia de “una suerte de sicariato” y afirmó que “no ayuda” al proceso de negociación. El vocero presidencial José Luis Gálvez fue más directo: “No puede haber un sicariato sindical que tome ministerios”. Ante los pedidos de renuncia de algunos sectores, el mandatario respondió: “Estamos en democracia, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, pero lo importante es sacar al país adelante”.

Foto de archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una rueda de prensa en La Paz, Bolivia. 31 mar, 2026. REUTERS/Claudia Morales
Foto de archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una rueda de prensa en La Paz, Bolivia. 31 mar, 2026. REUTERS/Claudia Morales

La COB endureció su posición este jueves. Su secretario ejecutivo, Mario Argollo, exigió la liberación inmediata de los fabriles detenidos y advirtió que de no producirse, otros sectores se sumarán a las movilizaciones. “Primero van a salir los fabriles, pero después vamos a salir todos”, afirmó. La organización también anunció que unificará sus protestas con sindicatos campesinos que desde el miércoles bloquean carreteras en el departamento de La Paz para exigir la dimisión del presidente.

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La crisis arrancó el 1 de mayo, cuando la COB declaró el paro general indefinido en un cabildo en El Alto. La central aprobó un pliego de 190 demandas: incremento salarial del 20 %, recorte de sueldos de altos funcionarios, rechazo a la privatización de empresas estatales y abrogación de una ley agraria que también rechazan campesinos e indígenas amazónicos que marchan hacia La Paz desde hace más de tres semanas. En las movilizaciones participan maestros, mineros y fabriles, los tres pilares históricos de la COB, que fue aliada política de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Paz llegó al poder en noviembre de 2025 tras dos décadas del Movimiento al Socialismo y describió el Estado heredado como “quebrado”. El Gobierno subió el salario mínimo un 20 % en enero —argumento que esgrime para rechazar una nueva subida de igual magnitud— y convocó para el sábado un “gran encuentro nacional” con autoridades, empresarios y representantes sociales. Con doce trabajadores aún detenidos y la COB amenazando con una escalada, el margen de maniobra de Paz se estrecha a medida que la crisis entra en su segunda semana.

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