La Fundación CIGESAR, involucrada en el aborto practicado a una niña de 12 años víctima de violación en la clínica Santa María de Villa Ballester -donde se hallaron ocho fetos en un allanamiento el sábado pasado- rompió el silencio en las últimas horas con un comunicado publicado en la entrada del centro médico.
“La Clínica Santa María mantiene un convenio con la Fundación Cigesar, mediante el cual se alquilan las instalaciones para la realización de prácticas que requieren quirófano”, asevera el texto, con fecha de ayer lunes.
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La “atención brindada” a la menor, practicada “el 24 de abril”, se encuentra en el marco de la Ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. “Todas las prácticas” se realizan “dentro del marco legal vigente”, continúa el texto, firmado por Damián Levy, el director y presidente de CIGESAR.
El médico aseveró que las autoridades intervinieron para preservar “material genético necesario” de cara a la investigación de la violación de la niña y que la “filtración de información” dio lugar a “interpretaciones erróneas”.
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El comunicado confirma la realización del aborto: la fecha del viernes pasado coincide con la historia clínica incautada por la Policía Bonaerense en el lugar.
Qué dice la fiscalía que investiga el abuso
Infobae había adelantado la existencia de la ONG en el caso el sábado último: los investigadores creen que la fundación de médicos pagó el traslado de la menor y su madre desde Monte Quemado, Santiago del Estero, hasta Buenos Aires. También, que realizaron las gestiones para que el aborto sea practicado en la Clínica Santa Rosa.
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El allanamiento a la clínica, precisamente, ocurre por el involucramiento de la ONG en el caso. Santiago Bridoux, el fiscal que investiga la violación a la niña en Monte Quemado, urgió al juez Facundo Sayago a que libere un exhorto para ingresar al centro médico, ante la necesidad de asegurar una muestra de ADN del feto gestado por la niña para acusar a dos sospechosos que se encuentran prófugos.
Bridoux supo el martes pasado, de manera extraoficial, que la ONG se encontraba involucrada y que madre e hija serían trasladadas a Buenos Aires para practicar el aborto. El procedimiento, estimaba el fiscal, iba a ser practicado en un centro médico de La Banda, a 320 kilómetros de Monte Quemado.
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La fiscalía, según fuentes judiciales en Santiago del Estero, se comunicó con CIGESAR: una representante se mostró “reticente” a hablar. Este medio contactó en repetidas ocasiones a la Fundación desde el sábado, sin recibir respuesta.
Radicada en Palermo, dedicada a la salud reproductiva y a facilitar el acceso a abortos y dictar cursos de educación sexual, el nombre de la Fundación había sido entregado a la Policía Bonaerense por sus pares en Santiago del Estero. También llegó al expediente del juez federal Juan Manuel Culotta, que investiga un posible caso de trata de personas, en caso de que el hijo de la menor haya nacido vivo para ser entregado o vendido.
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Culotta, por lo pronto, no tiene pensado citar a la ONG a declarar. Su preocupación radica en las pericias de ADN a los fetos encontrados. Si uno de los fetos da positivo con un vínculo a la niña, entonces la causa por trata será cerrada. La UFI N°14 de San Martín investiga posibles irregularidades en la realización de los abortos en la clínica, según confirmaron fuentes judiciales, luego de un expediente iniciado por la UFI N°7 el sábado pasado.
Mientras tanto, los dos sospechosos del caso continúan prófugos: el ADN será clave para acusarlos también. El principal acusado es un familiar directo de la víctima y lleva su mismo apellido.
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fotos: Gastón Taylor
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