
Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro protagonizan desde este martes un proceso sin precedentes en la provincia de Córdoba. Se trata de su juicio político, en el que se los juzga por su presunto mal desempeño y negligencia en la causa por el crimen de Nora Dalmasso, asesinada en 2006, en Río Cuarto.
La acusación principal radica en que los Di Santo, Miralles y Pizarro omitieron pruebas genéticas y testimoniales clave que habrían permitido avanzar hacia el esclarecimiento del caso años antes.
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A esta conclusión se llegó cuando el fiscal Pablo Jávega -que se hizo cargo del expediente en 2022, tras la absolución del viudo Marcelo Macarrón y único acusado- descubrió al supuesto asesino en tan sólo dos años. Lo consiguió evaluando simplemente las pistas que estuvieron desde el principio en la causa.

La causa, que suma miles de fojas y cuerpos de prueba, revela que entre 2008 y 2010 ya figuraban los resultados de análisis genéticos realizados por el FBI sobre dos evidencias fundamentales: el cinto de la bata utilizado como arma homicida y un vello púbico hallado en la víctima. Ambos estudios, remitidos desde Estados Unidos, descartaban el linaje de la familia Macarrón y señalaban perfiles ajenos que no fueron debidamente cotejados.
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El nuevo equipo de fiscales, encabezada por Jávega, puso en marcha una revisión completa del expediente y un mapeo genético de 200 personas con acceso o contacto reciente con la casa de Nora Dalmasso.
Según indicó el fiscal en diálogo con Infobae, Roberto Bárzola fue incorporado al primer círculo de sospechosos porque había trabajado en la vivienda durante la semana del crimen. Sin embargo, nunca había sido requerido para el cotejo genético por los fiscales anteriores.
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“Desde 2008 el expediente tenía el perfil genético levantado del cinto de la bata y del vello púbico que, por análisis mitocondrial, resultaba incompatible con la víctima y con la familia Macarrón. Nadie lo asoció a un sospechoso concreto durante más de una década”, explicó en 2025 el fiscal a Infobae.
Otro de los puntos que pesan en el proceso contra Di Santo, Miralles y Pizarro es la falta de valoración de contradicciones en los testimonios. Bárzola, quien prestó declaración dos veces en 2006 y 2007, proporcionó una coartada que, al ser revisada años después, resultó falsa.
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Primero, el acusado afirmó que ese día había ido a trabajar a una vivienda en el country San Esteban y que se retiró poco después porque, producto de la lluvia de la noche anterior, se había formado una mancha de humedad en el piso que no lo dejó hacer sus tareas. Luego aseguró que fue a la casa de los Macarrón a trabajar, pero que nadie lo atendió y se fue.

Sin embargo, el análisis de los registros de seguridad y los testimonios de los dueños de casa a la que habría ido el sospechoso primero permitieron saber que ni Bárzola ni su jefe estuvieron allí ese día. Pero la mancha de humedad que describió sí la había visto: estaba en una habitación contigua a la que fue hallada Dalmasso muerta. Es decir, que, en aquel entonces, había dado un detalle específico sobre la escena del crimen que solo quien estuvo ahí esa noche podía saber.
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El fiscal Jávega -que insiste en que la causa sea elevada a juicio- remarcó que el acusado no solo se situó a sí mismo en la vivienda dentro del rango horario en el que los forenses ubicaron la muerte de Nora, sino que también aportó sus características.
Para el funcionario, lo que ocurrió con los tres fiscales anteriores a él es que se centraron en otras líneas investigativas y no vieron esta prueba. Específicamente, centraron la pesquisa en la intimidad de la víctima, por eso los principales sospechosos siempre los buscaron en el núcleo familiar.
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