Rodrigo Paz advirtió que no permitirá que “intereses narcoterroristas” destruyan la democracia boliviana

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió este domingo que no permitirá que “intereses narcoterroristas” destruyan la democracia boliviana, en respuesta al mensaje de apoyo del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien expresó el respaldo de Washington frente a los sectores que exigen su renuncia. La declaración llegó el mismo día en que el Congreso aprobó, tras una sesión de casi 15 horas, una ley que habilita al Ejecutivo para desplegar al Ejército en el desbloqueo de carreteras.

Hegseth escribió en X que el Departamento de Defensa y la Coalición Anticartel de las Américas (A3C) rechazan “todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo” de Paz, y que Bolivia no debe permitir que caiga presa del “viejo statu quo de dominio narcoterrorista”. El secretario de Estado, Marco Rubio, también habló con Paz y le comunicó que Washington intensificará la ayuda de emergencia y el apoyo logístico para quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos.

Paz respondió que su gobierno atenderá los “reclamos justos” pero no cederá ante quienes buscan desestabilizar el país. “Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo”, escribió el mandatario, quien el sábado convocó a dirigentes campesinos y obreros a retomar el diálogo y les pidió que “no se dejen usar” por el expresidente Evo Morales.

Paz responsabilizó a Morales de financiar las protestas con dinero “ilícito” proveniente del narcotráfico. El ex mandatario, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, permanece desde hace casi dos años en la región cocalera del Chapare, en el centro del país, eludiendo una orden de captura por cargos de tráfico de personas relacionados con una presunta relación con una menor de 15 años. Morales niega los cargos.

Los bloqueos comenzaron en mayo de 2026, impulsados inicialmente por una ley que habilitaba la hipoteca de tierras, y escalaron hasta convertirse en una exigencia de renuncia. La Federación de Campesinos Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines a Morales se niegan a negociar. Paz anuló la ley el 13 de mayo, pero las protestas continuaron extendiéndose.

En cinco semanas, los cortes de ruta se extendieron a ocho de las nueve regiones del país. El Servicio Departamental de Salud de La Paz declaró la emergencia hospitalaria por el desabastecimiento de oxígeno, medicamentos, alimentos y combustibles, con varios centros que llegaron a contar con reservas de oxígeno para apenas tres días. Según la Defensoría del Pueblo, diez personas han muerto, 37 han resultado heridas y más de un centenar han sido procesadas judicialmente; siete de las muertes corresponden a personas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos.

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, con dos tercios de los votos y tras una sesión maratónica. La norma habilita el despliegue del Ejército en casos de “conmoción interna” y establece la presunción de legalidad para los efectivos desplegados. Paz evalúa ahora declarar el estado de excepción, medida que permitiría un uso más amplio de la fuerza militar y restricciones temporales a los derechos de reunión y movilización.

El respaldo de Washington no es un gesto menor. La A3C es una alianza impulsada por Estados Unidos junto a gobiernos conservadores del hemisferio bajo el paraguas de la lucha antidroga. Su intervención pública en la crisis boliviana revela la disposición de la administración Trump a resolver la crisis del país andino. Para Morales, que calificó la situación de “rebelión” popular, el apoyo exterior es una oportunidad para presentarse como víctima de injerencia extranjera. Para Paz, es oxígeno político en un momento en que la presión en las calles no cede.