El esqueleto de cemento y telgopor del barrio Los Piletones que permaneció en abandono por más de una década, envuelto en denuncias de corrupción, pertenecía a los hermanos Shocklender. Hoy, ese lugar ha cambiado su fachada y fue reconvertido en la sede de la Unidad Táctica de Pacificación VII de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de Villa Soldati.
El desarrollo de esta zona de la Ciudad de Buenos Aires se vincula con la recuperación y construcción de complejos habitacionales, como los emprendimientos asociados a la Villa Olímpica y la puesta en valor de barrios históricos. Estas acciones permitieron reducir el déficit de vivienda y mejorar la infraestructura de servicios, los espacios públicos y la conectividad con el resto de la red urbana.
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La llegada de la División Unidad Táctica de Pacificación VII representa un cambio tangible para quienes transitan y viven en Los Piletones, Ramón Carrillo y Fátima.
El terreno sobre el que se erige la sede policial formó parte del programa Sueños Compartidos, un proyecto de viviendas sociales que quedó inconcluso. Alrededor, numerosos edificios quedaron a medio hacer, profundizando la sensación de abandono.
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El caso hoy tramita ante el Tribunal Oral Federal N°5, que juzga en Comodoro Py al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, a los hermanos Sergio y Pablo Schocklender y a otros exfuncionarios por el presunto delito de administración fraudulenta a través de la construcción de viviendas sociales.
En diálogo con Infobae, el comisario Matías López Bohigas, jefe de la división, explicó: “La presencia policial cambió muchísimo la zona”.
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La sede recuperada fue completamente adaptada para el uso policial. De acuerdo con el relato de López Bohigas, el edificio presentaba un estado de deterioro, sin pisos ni paredes en varias áreas. El proceso de puesta en valor incluyó la incorporación de vestuarios completos, duchas y espacios comunes, facilitando el trabajo de los 165 policías que integran la división. Antes solo disponían de un baño.
La estrategia de seguridad implementada por la Policía de la Ciudad en esta área no se limita al patrullaje. El personal realiza un trabajo de proximidad, interactuando de manera constante con referentes barriales y vecinos.
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El comisario López Bohigas subrayó: “Nosotros tenemos la particularidad de tejer un diálogo constante con los referentes y mismo con la totalidad de vecinos, los cuales muchas veces nos indican y nos cuentan la problemática que poseen de seguridad y abordamos de distintas formas para darle una solución a estas cuestiones”.
Entre las acciones más valoradas por la comunidad, se destaca la creación de un corredor seguro hacia un colegio del barrio, donde antes se reportaban robos frecuentes a estudiantes. Además, la presencia policial se extendió a la custodia de vehículos de aplicación, cuyo ingreso era blanco de delitos. Según datos de la fuerza, la cantidad de estos hechos disminuyó de manera considerable tras la intervención.
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La división también habilitó espacios para oficinas administrativas, sectores destinados a consignas judiciales y un comedor, así como un salón de usos múltiples para capacitación y reuniones internas. El despliegue operativo se adapta a las necesidades detectadas en el territorio, con recorridas en patrullas y grupos de cuatro o cinco efectivos que se encargan de la prevención, identificación y contención en los tres barrios de influencia.
“Esta dependencia no existía, estos barrios no tenían el abordaje de la superintendencia, estaban cubiertos por el personal ordinario de la comisaría vecinal”, puntualizó López Bohigas.
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Desde el inicio de sus funciones, la División Unidad Táctica de Pacificación VII ajustó su servicio en función de las demandas detectadas y representa más que una mejora logística para la seguridad.
La causa
En el juicio de Sueños Compartidos se debate si entre 2005 y 2011 existió un desvío de más de 206 millones de pesos del Estado que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.
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Ese monto equivale a un 23% de los 748 millones de pesos que transfirió para las obras la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, que estaba a cargo de José López, otro de los principales acusados.
En suma, las obras habrían sido adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, según sostiene la acusación que encabeza el fiscal general Diego Velasco.
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Además de los ya mencionados, completan el banquillo el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la ex funcionaria provincial de Santiago del Estero Silvia Nasif y los ex funcionarios de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.
Este martes empezó la ronda de testigos. En total, la Fiscalía solicitó la citación de 92 personas: la Unidad de Información Financiera (UIF), como querellante, convocó a otras 17 y, por parte de las defensas de los Schoklender, pidieron el testimonio de otras 120.
Muchos aportarán su testimonio por escrito: así lo anunciaron, por ejemplo, el diputado Miguel Ángel Pichetto y los ex gobernadores y actuales senadores Gerardo Zamora y Jorge Milton Capitanich.
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