La Justicia de Corrientes amplió el procesamiento contra 13 miembros del Tren de Aragua por asociación ilícita

Los imputados ya estaban acusados por lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Quiénes son y cómo sigue su causa

Una de las propiedades allanadas y donde se produjeron detenciones en la localidad platense de Gonnet. - Foto: Policía Federal
Una de las propiedades allanadas y donde se produjeron detenciones en la localidad platense de Gonnet. - Foto: Policía Federal
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La justicia federal de Corrientes ordenó ampliar los procesamientos de trece imputados ligados a la organización criminal Tren de Aragua, a quienes ahora se les atribuyó también el delito de asociación ilícita. Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), la decisión fue adoptada el lunes por el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, que resolvió incorporar la figura de “organización criminal” a los cargos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que ya pesaban sobre los acusados, quienes permanecen bajo prisión preventiva.

La medida alcanza a Guillermo Rafael Boscán Bracho, considerado el principal referente local del Tren de Aragua y líder de la llamada “Banda del Yiyi”, junto con otras doce personas. En septiembre de 2025, el grupo había sido procesado por delitos económicos y vinculados al terrorismo, aunque la Cámara Federal de Corrientes reformuló luego el alcance de esas imputaciones. Tras nuevas indagatorias y la profundización de la pesquisa, el tribunal federal incluyó el delito de asociación ilícita, previsto en el artículo 210 ter del Código Penal, que contempla penas de 8 a 20 años.

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Según indicó el MPF, las investigaciones determinaron que la organización operaba en territorio argentino desde al menos 2019, con una estructura jerárquica, división de tareas y capacidad financiera considerable pese a la ausencia de ingresos formales. Los acusados coordinaban movimientos de dinero, bienes y comunicaciones, y adquirieron propiedades rurales en Corrientes y locales comerciales en Buenos Aires y La Plata. Entre las pruebas recabadas se encuentran registros de llamadas, anotaciones y documentación sobre operaciones de compraventa de bienes por más de 120 millones de pesos. Parte de estos fondos, según el MPF, se habría utilizado para financiar actividades ilícitas fuera del país.

La causa se inició tras la detención de Boscán Bracho el 2 de octubre de 2023, ejecutada por personal de INTERPOL de la Policía Federal Argentina en Riachuelo, Corrientes. El venezolano tenía una orden de captura internacional por delitos graves, entre ellos extorsión y homicidio, y fue calificado de “alto riesgo”. Permanecía alojado en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza desde esa fecha. Los otros doce imputados resultaron detenidos en allanamientos realizados en domicilios de Buenos Aires, La Plata y Corrientes.

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Una de las propiedades adquiridas por la organización y allanadas fue un campo a 30 kilómetros de la ciudad de Corrientes. - Foto: Policía Federal
Una de las propiedades adquiridas por la organización y allanadas fue un campo a 30 kilómetros de la ciudad de Corrientes. - Foto: Policía Federal

La resolución, firmada por el juez federal subrogante Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, sostuvo que “corresponde tener por semiplenamente probado la existencia en el territorio nacional de una organización criminal liderada por Guillermo Rafael Boscán Bracho”. El avance de la investigación estuvo a cargo del fiscal general Carlos Schaefer, el fiscal federal Flavio Ferrini, la fiscal subrogante Melina Perborell, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Según el MPF, la estructura local respondía a directivas del Tren de Aragua, organización criminal originaria de Venezuela y con presencia en varios países de la región.

En febrero de 2025, el grupo fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), de acuerdo con la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad. Las pruebas reunidas incluyen cuadernos y anotaciones con menciones a “bala” y “rescate”, así como documentación sobre la compra de automóviles y propiedades en diferentes provincias. De acuerdo a la acusación, la organización local mantenía vínculos y comunicaciones con la estructura internacional del Tren de Aragua, dedicada a delitos como tráfico de armas, extorsión, secuestros y homicidios.

El proceso judicial prevé la continuidad de la prisión preventiva para los trece acusados, mientras avanza la producción de pruebas y la posible elevación a juicio oral.

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