En el marco del primer aniversario del juicio histórico por el asesinato durante el conflicto armado salvadoreño de los periodistas neerlandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Joop Willemsen y Hans ter Laag, la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) emitió un pronunciamiento para exigir al Estado salvadoreño avances reales en los múltiples casos de violaciones a los derechos humanos que aún permanecen impunes desde el conflicto armado.
El proceso judicial, celebrado el 3 de junio de 2025 en Chalatenango, ha sido calificado por las organizaciones y comités de víctimas como un triunfo histórico que rompe con más de 40 años de silencio y negación. Sin embargo, advierten que esta victoria no debe ser utilizada por el Estado como una “coartada” para evadir su deuda histórica con miles de víctimas civiles.
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Demandas urgentes al Estado
A través del comunicado, la MECIES formuló tres exigencias principales dirigidas a las autoridades institucionales:
Primero, solicitan la ratificación de la sentencia: Solicitan a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia actuar bajo estándares internacionales y ratificar el fallo emitido en el caso de los comunicadores neerlandeses. Segundo solicitan el cumplimiento internacional: Instan al Estado a acatar íntegramente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a crímenes emblemáticos como las masacres de El Mozote y El Calabozo, la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, y los asesinatos de los sacerdotes jesuitas y de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
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La organización también pidió a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratifique la sentencia emitida en 2025 y reclamó el cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, reclamó la pronta aprobación de una Ley de Justicia Transicional que permita avanzar hacia la reconciliación nacional y garantice la preservación de la memoria histórica y el acceso a la verdad para todas las víctimas del conflicto armado.
Asimismo, enfatizan en la necesidad de la justicia transicional en el país: Demandan la aprobación de una Ley de Justicia Transicional que garantice la reparación integral, la preservación de la memoria histórica y garantías de no repetición.
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La Mesa concluyó señalando que las víctimas continúan enfrentando serios obstáculos institucionales y una notable falta de voluntad política, asegurando que la exigencia de verdad se mantendrá firme hasta que el Estado cumpla por completo con sus obligaciones.
El estado de la condena
La condena fue confirmada en mayo de 2026 por la Cámara de lo Penal, que desestimó los recursos de nulidad presentados por las defensas.
Aunque la pena total dictada para cada acusado fue de 60 años —15 años por cada víctima—, la ley salvadoreña vigente en la época establecía un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo. Además, el tribunal impuso la inhabilitación absoluta, que priva a los condenados de sus derechos civiles y políticos durante la condena.
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El valor del caso para las víctimas
La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador sostuvo: “El caso de los periodistas holandeses simboliza la violencia ejercida contra quienes documentaron la realidad del conflicto armado y la deuda histórica del Estado con las víctimas”.
El caso se convirtió en un precedente en la persecución judicial de crímenes de la guerra civil salvadoreña, al establecer la responsabilidad penal de quienes, desde posiciones de mando, ordenaron o permitieron violaciones a los derechos humanos.
“La memoria y la exigencia de verdad y justicia siguen vivas en El Salvador y continuarán hasta que el Estado cumpla plenamente sus obligaciones con las víctimas”, concluye el comunicado de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, emitido este San Salvador el 3 de junio de 2026.
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