La Defensoría de Casación bonaerense solicitó a la Corte Suprema de Justicia que anule la condena contra Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa y ordene la realización de un nuevo juicio oral, bajo el argumento de que durante todo el proceso se perjudicó el derecho de defensa del imputado.
El escrito presentado por Ignacio Juan Domingo Nolfi ante el máximo tribunal sostiene que la estrategia empleada por el defensor original, Hugo Tomei, constituyó una defensa común para todos los acusados, sin atender las notorias diferencias de hecho, grado de participación y pruebas respecto de Pertossi, lo que generó un grave conflicto de intereses y vulneró garantías constitucionales fundamentales.
A partir de la confirmación de la sentencia y la denegatoria de recursos extraordinarios por parte de la Suprema Corte bonaerense, Pertossi revocó la asistencia técnica de Tomei y realizó un planteo in pauperis –es decir, sin recursos y actuando en defensa propia– con el respaldo de la Defensoría de Casación.
En ese escrito, el propio Pertossi cuestionó por primera vez el supuesto “plan delictivo” común y sostuvo que sólo intervino en un episodio aislado, sin contacto con la víctima fatal y ajeno al núcleo del ataque que terminó con la muerte de Báez Sosa.
El reclamo oficial gira en torno a la tesis de que la defensa técnica de Pertossi quedó subsumida en la estrategia global de defensa de los ocho acusados, a pesar de “una marcada heterogeneidad de roles, conductas y niveles de imputación”.
La Defensoría enfatizó que los hechos atribuidos a Lucas Pertossi, según el propio fallo, fueron “notoriamente distintos” de los otros acusados: no fue visto golpeando a Fernando Báez Sosa ni tuvo contacto físico alguno con él, intervino en un foco diferente, y su aporte fue calificado sólo como partícipe secundario y no como autor ni coautor del homicidio.
Y recalcó que la mayoría de las pruebas recabadas, tanto testimoniales como periciales, no asociaron a Pertossi con los golpes letales, ni se hallaron rastros de sangre de la víctima en sus prendas, elementos que en cambio sí aparecieron respecto a otros condenados.
Pese a este cuadro diferencial, la defensa de Tomei –indica el escrito– “no desplegó una estrategia individualizada que subrayara estas diferencias y que pudiera resultar exculpatoria o con menor reproche penal”, sino que insistió en “una defensa unificada funcional sólo a algunos acusados, pero gravemente perjudicial para Pertossi”.
El texto menciona como ejemplo que, mientras la estrategia común apostó a “diluir responsabilidades colectivas en torno a la figura del homicidio en riña”, para Lucas Pertossi el camino más favorable era justamente “individualizar su rol, reforzar la falta de acuerdo homicida y la ajenidad respecto al ataque principal, dados los elementos que lo colocaban fuera del núcleo de la agresión mortal.”
La Defensoría apunta que la vulneración del derecho de defensa se extendió a todas las instancias, desde la instrucción penal hasta el último recurso extraordinario, produciéndose en todo momento una “omisión estructural” de las diferencias de situación de Pertossi.
Incluso remarca que la propia declaración de Pertossi en el juicio oral fue condicionada por la estrategia de defensa global, impidiéndole exponer en detalle sus diferencias con el resto del grupo o ampliar elementos centrales de su versión.
El escrito sostiene que los jueces y tribunales intervinientes también incurrieron en omisión, al no advertir de oficio el conflicto de intereses ni ordenar la separación de defensas, pese a las evidentes desemejanzas fácticas y jurídicas entre los acusados.
En palabras del defensor: “La homogeneización defensiva adoptada impidió desplegar líneas argumentales centrales en favor de Pertossi, condicionó su declaración, limitó el alcance de sus derechos recursivos y lo privó de una evaluación individualizada de su responsabilidad penal conforme a la prueba de cargo producida en su contra.”
Nulidad procesal y reclamo de nuevo juicio
La petición final es que la Corte Suprema declare la nulidad total de lo actuado desde el momento en que se configuró la “situación de indefensión” de Lucas Pertossi, incluyendo la sentencia condenatoria, y disponga el reenvío del expediente para un debate oral nuevo, donde tenga plenas garantías defensivas.
La Defensoría también solicitó que se remitan todas las actuaciones principales, incluidas las grabaciones y actas del juicio, y que se tengan en cuenta los planteos realizados por Pertossi actuando en defensa propia, a los que califica como “in pauperis”.
El pedido fundado en la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos resalta que no basta con que el acusado haya tenido asistencia formal de un abogado, sino que esa asistencia debe ser “efectiva y sustancial”, especialmente tratándose de personas condenadas a penas de “extrema gravedad”.
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