El Gobierno británico interrumpió este miércoles el proceso parlamentario para ratificar el acuerdo con Mauricio que cedería la soberanía sobre el archipiélago de Chagos, en el océano Índico, incluida la isla de Diego García, donde opera una base aérea conjunta con Estados Unidos considerada clave para las operaciones militares en Medio Oriente , Asia meridional y el este de África. El ministro de Asuntos Exteriores, Hamish Falconer, confirmó la suspensión ante los legisladores de la Cámara de los Comunes e indicó que el Gobierno mantiene conversaciones activas con Washington antes de retomar el proceso.
“Tenemos un proceso en marcha en el Parlamento en relación con el tratado. Lo volveremos a presentar al Parlamento en el momento oportuno. Lo hemos suspendido para mantener conversaciones con nuestros pares estadounidenses”, declaró Falconer. El ministro reconoció que el respaldo inicial de la administración Trump al acuerdo no había variado formalmente, pero admitió que la posición posterior del presidente estadounidense constituía un factor “muy significativo” que el Ejecutivo de Keir Starmer no podía ignorar.
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La declaración de Falconer generó de inmediato confusión política. Una fuente de la Cancillería comunicó a medios británicos que “no existe ninguna pausa” y que el Gobierno “nunca ha establecido un plazo”. Sin embargo, los hechos apuntan en otra dirección: el proyecto de ley para convertir el tratado en derecho interno lleva sin figurar en el orden del día de la Cámara de los Lores desde el 20 de enero y ninguna fecha ha sido fijada para la siguiente etapa de su tramitación.
El trasfondo inmediato de la crisis es la intervención de Donald Trump. La semana pasada, el presidente estadounidense publicó en Truth Social que el acuerdo era “un acto de gran estupidez” y urgió a Starmer a no “entregar Diego García”. Trump argumentó que la base podría ser necesaria para una eventual operación militar contra Irán y calificó el arrendamiento a 99 años de “tenso” e “inútil”. Su propia administración había respaldado oficialmente el acuerdo en mayo de 2025, con el secretario de Estado Marco Rubio describiendo Diego García como “un activo crítico para la seguridad regional y global” y recogiendo el apoyo expreso del presidente.
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El tratado, firmado por Londres y Port Louis el 22 de mayo de 2025, estipula la transferencia de soberanía plena sobre el archipiélago a Mauricio, mientras el Reino Unido retiene el control operativo de Diego García mediante un arrendamiento inicial de 99 años, prorrogable otros 40. El coste para el Tesoro británico asciende a una media de 101 millones de libras anuales en precios de 2025, unos 3.400 millones de libras en total. El Gobierno de Starmer ha defendido el acuerdo como una necesidad jurídica y estratégica, argumentando que ignorar el dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia de 2019 —que declaró ilegal la administración británica del territorio— pondría en riesgo la propia continuidad de la base.
El archipiélago fue separado de Mauricio por el Reino Unido en 1965, cuando la isla aún era una colonia británica, para crear el Territorio Británico del Océano Índico. Entre 1968 y 1973, Londres expulsó a unas 1.500 personas que habitaban las islas para instalar la base militar en Diego García. Desde entonces, los chagossianos y sus descendientes han reclamado sin éxito el derecho a regresar a su tierra natal, una reivindicación que el acuerdo vigente tampoco satisface plenamente: el tratado prohíbe el retorno a Diego García para los nacidos allí y deja en manos de Mauricio las decisiones sobre el reasentamiento en las islas exteriores. Expertos de la ONU y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas han pedido que no se ratifique el acuerdo por considerar que vulnera los derechos de la comunidad chagossiana.
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