La investigación por el incendio que consumió el edificio de Aloise Tecno en el centro de La Plata, que funcionaba como un depósito clandestino de electrodomésticos, sigue su curso y la causa avanzó, con la citación judicial de Roxana Aloise, principal accionista y titular del 95% de la empresa.
El fiscal Fernando Padován dispuso que Aloise se presente a declaración indagatoria este jueves 19 de febrero, después de tres solicitudes formales impulsadas por el abogado Diego Dousdebes, representante de la vecina Claudia Verónica Salvi, quien perdió su vivienda como consecuencia directa del desastre.
El expediente, que hasta ahora se mantenía en una etapa de acumulación de pruebas, ingresa así en un tramo decisivo, con impacto tanto en el fuero penal como en el civil, según informó 0221.com.ar.
Desde el fuero civil, ya existe una inhibición general de bienes contra Aloise y avanza una demanda por daños y perjuicios tras el fracaso de una mediación. En el plano penal, la citación la coloca a la mujer frente a su primera audiencia formal en el contexto de la causa que la imputa por estrago culposo y desobediencia. A partir de la indagatoria, el fiscal deberá evaluar si cuenta con elementos suficientes para solicitar su procesamiento, ordenar nuevas medidas de prueba o avanzar hacia una posible elevación a juicio.
El eje de la acusación se sustenta en informes oficiales de la Municipalidad de La Plata, que acreditan que el depósito operaba sin habilitación municipal y había sido clausurado por no reunir las condiciones de seguridad exigidas.
A pesar de la clausura, la actividad en el lugar continuó, hecho que fue respaldado por testimonios de exempleados.
De acuerdo con sus declaraciones incorporadas a la causa, “el depósito siguió funcionando normalmente, con personal trabajando en el lugar, incluso después de que se colocaran las fajas de clausura”.
Además del incumplimiento de la clausura, los datos societarios permiten atribuir a Roxana Aloise la condición de responsable de la explotación del inmueble, reforzada por su participación mayoritaria en el paquete accionario de la firma, con el 95% de las acciones en su poder. Todos estos elementos, sumados a la pérdida sufrida por vecinos y a los daños estructurales en propiedades linderas, conforman la base de la querella que impulsó a la Justicia a dar un giro en la investigación.
Las víctimas del siniestro, especialmente los vecinos que perdieron sus viviendas, venían reclamando definiciones concretas desde hacía meses. Según el abogado Diego Dousdebes, “el avance del expediente penal resultaba central no solo para establecer responsabilidades individuales, sino también para acompañar las acciones en el fuero Civil”.
La respuesta judicial se produce tras varios intentos fallidos por lograr una resolución procesal. Durante casi siete meses la causa transitó un estado de indefinición, acumulando informes, testimonios y documentos sin que la Justicia Penal de La Plata adoptara decisiones de fondo. La insistencia de la querella se apoyó en el progresivo fortalecimiento de la hipótesis de “actividad comercial irregular y en condiciones de riesgo”.
El incendio y el posterior derrumbe, ocurridos el 16 de julio de 2025, conmocionaron a La Plata y tuvieron repercusión nacional. Las imágenes del colapso del edificio, en pleno casco urbano, dejaron una marca imborrable entre los vecinos y generaron un fuerte desgaste social.
La causa penal tramita en el fuero Criminal y Correccional local y, paralelamente, el fuero civil busca dar respuesta a los reclamos económicos originados por los daños ocasionados. Mientras las acciones legales avanzan, para los damnificados la citación de Roxana Aloise representa el ingreso a una fase donde, por primera vez, el proceso podría arrojar responsabilidades penales con consecuencias concretas para la continuidad de la investigación.
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