El gobierno de Neuquén despidió a Nicolás Salvatori, hijo del ex gobernador Pedro Salvatori, quien hasta esta semana era empleado de la planta permanente del Ministerio de Energía de la provincia y había sido denunciado por su conducta.
Los medios locales identificaron al funcionario como un “ñoqui VIP”, a raíz del vínculo del funcionario con la política. La decisión se adoptó después de que los dispositivos de control de personal y las cámaras de seguridad registraran que Salvatori fichaba su ingreso y abandonaba el edificio casi de inmediato, sin cumplir jornada ni funciones.
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La conducta de Salvatori fue documentada con cinco registros fílmicos de fechas específicas en mayo y junio de 2025, lo que permitió iniciar un sumario administrativo el año pasado. Durante ese proceso, se comprobaron ausencias injustificadas, tanto continuas como intermitentes, y falta de tareas realizadas.
Así lo definió la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial, que concluyó que Salvatori no prestó servicios durante el período investigado, más allá de registrar su asistencia en el sistema.
La medida se suma a otras acciones impulsadas por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, desde el inicio de su mandato, que apuntan a eliminar gastos innecesarios y mejorar la eficiencia en el uso del erario público. En el decreto de despido, se señala que la conducta de Salvatori transgredió el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia de Neuquén.
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El nombre de Salvatori tiene un amplio conocimiento en Neuquén por su prolongada trayectoria en el sector público y por su vínculo familiar con el homónimo ex gobernador, quien ejerció el máximo cargo local entre 1987 y 1991. A lo largo de su carrera, ocupó la presidencia del Ente Provincial de Energía, fue subsecretario de Planificación y Desarrollo Sustentable y dirigió el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) durante la gestión de Jorge Sobisch.
El procedimiento y la acusación penal
El caso de Salvatori comenzó a investigarse en junio de 2025, cuando se le abrió un sumario administrativo para corroborar si había faltado “de manera injustificada, continua y discontinua”. Las indagaciones concluyeron que Salvatori no dejó constancia de tareas realizadas entre julio de 2020 y junio de 2024.
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Además, según información publicada por Diario Río Negro, se detectó que carecía de usuario en el sistema digital GDE, herramienta obligatoria para la gestión administrativa, y que tampoco cumplió con las capacitaciones exigidas ni presentó las licencias justificadas o las declaraciones juradas requeridas por la normativa vigente.
Por su lado, la Fiscalía de Neuquén presentó una denuncia penal contra Salvatori por presunto fraude a la administración pública, que está tipificado por el artículo 174, inciso 5, del Código Penal. El argumento letrado apunta a que Salvatori cobró salarios durante casi cuatro años sin cumplir funciones, lo que generó un perjuicio económico para las arcas provinciales.
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En el proceso judicial, la Fiscalía solicitó ser reconocida como parte querellante y anticipó que ampliará la presentación con el monto total del perjuicio estimado, una vez que se determine el saldo exacto. Frente a estas irregularidades, el gobierno provincial resolvió su suspensión sin goce de haberes.
En este marco, el gobernador instruyó que se activen los mecanismos para recuperar las sumas percibidas. Si la recuperación no es posible, la instrucción oficial es dar intervención a la Fiscalía de Estado por la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración provincial.
Además de Salvatori, a la provincia de Neuquén le salpica de cerca otro caso resonante. Se trata el de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, quien quedó involucrada en una trama de presunta corrupción y desvío de fondos públicos junto a nueve personas, sospechadas de haber participado en maniobras fraudulentas.
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Los nombres de los presuntos cómplices de Ruiz se dieron a conocer el pasado 9 de mayo, cuando el fiscal Pablo Vignaroli y personal de la Fiscalía de Delitos Económicos realizaron 14 allanamientos en domicilios particulares y una sede comercial, en Plottier, Neuquén capital y General Roca, en Río Negro.
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