
Interpol detuvo recientemente en la ciudad venezolana de San Cristóbal a Rosa María González Rincón, una de las principales sospechosas de operar como administradora en la red de estafas transnacional Generación Zoe, dirigida por Leonardo Cositorto.
Según informó el gobierno venezolano, la mujer habría cumplido un rol central en el armado y funcionamiento del sistema piramidal que afectó a miles de personas en distintos países de América Latina y Europa.
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La captura de González Rincón se realizó tras un operativo de ciberpatrullaje y análisis de inteligencia digital. Las autoridades venezolanas describieron a la detenida como una pieza estratégica en la estructura criminal, responsable de administrar los archivos de criptomonedas y de presentar una imagen de experta en corretaje y algoritmos financieros.
La investigación la ubicó en la cúpula de la organización y la vinculó de manera directa con los líderes de Zoe y sus principales operadores logísticos.

El esquema que manejaba la sospechosa en Generación Zoe funcionaba bajo una modalidad piramidal, con una estructura jerárquica y tareas definidas para cada integrante. La maniobra consistía en captar inversores a través de supuestas membresías, con la fachada de cursos de coaching, mentoring y trading, prometiendo rendimientos muy superiores al mercado financiero tradicional.
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Los productos ofrecidos incluían accesos a “bots” de inversión, que en realidad no operaban en el mercado y solo generaban la ilusión de ganancias extraordinarias a partir del aporte de nuevos integrantes.
De acuerdo con la información oficial, González Rincón simulaba operar un software que no realizaba transacciones reales. Así, engañaba a los nuevos inversores y consolidaba la apariencia de solvencia de la organización. La red de Zoe expandió su alcance a través de la promoción de estos productos y la administración de criptomonedas que, en los hechos, no estaban respaldadas por activos genuinos.
Y justamente el alcance del fraude quedó expuesto por la magnitud de las víctimas y los países involucrados. Las autoridades estiman que la maniobra afectó a más de 15 mil personas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México. El monto total de las estafas oscila entre 100 y 300 millones de dólares, según el parte oficial.
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Muchas de las víctimas entregaron ahorros de toda la vida, jubilaciones, propiedades y sufrieron consecuencias económicas y psicológicas, tras verse atraídas por el discurso de “fe financiera” y promesas de bienestar.
La detención de González Rincón se suma a una larga lista de hechos judiciales que rodean a Cositorto y a los operadores de Generación Zoe. El esquema, presentado como una propuesta de coaching ontológico y oportunidades de inversión, funcionó durante años como una estafa piramidal que prometía rendimientos mensuales de hasta 7,5% en dólares y ofrecía productos como la criptomoneda Zoe Cash, supuestamente respaldada en oro. El negocio se sostuvo con la captación de nuevos fondos y colapsó a principios de 2022.
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Las condenas de Cositorto
En la provincia de Corrientes, Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas continuadas a 98 ahorristas, junto a otros miembros de la organización que recibieron penas de 8 años.
El fallo del tribunal de Goya describió el sistema como un “fiasco” y una “caza emocional y psicológica”, con una estructura diseñada para vaciar los patrimonios de los damnificados, en su mayoría personas indemnizadas por la empresa Massalin Particulares.
Los jueces remarcaron el uso de empresas fantasma y plataformas virtuales para simular ganancias, y la utilización de familiares y conocidos de las víctimas para expandir la red. La resolución fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes antes de fin de año.
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Previo a esa ratificación, en Salta, Cositorto recibió una segunda condena de 11 años de prisión por 118 casos de estafas y asociación ilícita, con un fraude estimado en más de 776 millones de pesos.
Los jueces salteños determinaron que en esa provincia la operatoria se replicó con la colaboración de otros socios locales y sedes propias. La organización ofrecía intereses de hasta 10% mensual y presentaba los ya mencionados “bots” de inversión, sin respaldo en el mercado financiero real.
El colapso de Zoe en Salta se produjo cuando los representantes locales cerraron oficinas y cuentas bancarias después de la detención de Cositorto en República Dominicana.
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Ese expediente detalla la existencia de una estructura de jerarquías y empresas pantalla, como Zoe Construcciones y Zoe Burger, utilizadas para simular actividad económica y legitimar la captación de fondos. La jueza valoró los movimientos de dinero hacia cuentas sin justificación y la ausencia de documentación que respaldara las operaciones.
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