El búnker de drogas más conocido de Tío Rolo, un barrio de la zona suroeste de la ciudad de Rosario, fue demolido este jueves por la Policía de Santa Fe, marcando el cuarto derribo del año bajo la actual legislación de microtráfico, que busca reducir la violencia ligada a la venta de estupefacientes.
Esta estructura, ubicada en Vicente Medina al 6900, figuraba de manera constante en crónicas policiales desde 2018 y había consolidado su reputación como epicentro de actividades ilícitas durante al menos ocho años. La medida, explicaron las autoridades, representa el búnker número 104 desmantelado desde que la provincia adoptó la ley que transfiere la investigación sobre venta minorista de drogas a la órbita local.
Según detalló la fiscal Brenda Debiasi del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, la investigación más reciente ubicó actividades de venta barrial al menos entre marzo de 2023 y el 7 de diciembre pasado en el inmueble.
“En esta investigación tenemos cuatro personas que han sido imputadas y que se encuentran en prisión preventiva y tenemos al menos cuatro personas más, que se encuentran con pedido de captura activo por esta Fiscalía, ya que pudieron ser identificadas como responsables de la actividad”, afirmó Debiasi al medio La Capital. La fiscal precisó que en la construcción de material se comercializaban cocaína y marihuana fraccionada, un negocio por el que enfrentan cargos quienes tienen las iniciales S. M., N. G., N. G. y L. G.
No obstante, la problemática excedía el domicilio específico. Debiasi señaló que ese grupo delictivo expandió su accionar a otros dos puntos de venta y la pesquisa evidenció conexiones directas con la denominada banda de Los Menores.
El búnker de Tío Rolo no solo concentraba la atención judicial. La zona comprendida entre el 6900 y el 7100 de Vicente Medina fue escenario de episodios violentos durante años.
El 26 de septiembre de 2018, P. M., de 32 años, fue baleado en el cráneo y un brazo; los atacantes, a bordo de una motocicleta Suzuki de 100 centímetros cúbicos, abrieron fuego frente a sus amigos, quienes resultaron ilesos.
Al año siguiente, en octubre de 2019, el asesinato de José María Ferreyra, albañil de 55 años, estremeció al barrio. El crimen ocurrió frente a uno de sus ocho hijos y vecinos atribuyeron la amenaza a “Los Pogonza”, una organización señalada por usurpar casas para vender drogas. El principal implicado, Mauricio Pogonza, fue detenido tres meses más tarde y juzgado como partícipe primario. “Vienen a tu casa y te la quieren usurpar, te la quieren robar para quedarse a vivir ellos o para vender drogas”, relataron habitantes del barrio al mismo medio.
Durante un operativo realizado el 21 de abril de 2023 en Vicente Medina al 6800, ocho personas fueron arrestadas tras un tiroteo. En la requisa posterior, la Policía halló en el búnker ahora derribado un Peugeot 208, una Honda Wave, un revólver calibre 22, una pistola Taurus calibre 9 milímetros, una pistola automática de confección casera y alrededor de 100 municiones. En la entrada del domicilio, se encontraron varias vainas servidas.
Los detenidos incluían a cuatro individuos dentro del búnker y otros cuatro localizados en una propiedad de Avenida del Rosario al 3600, entre ellos un adolescente de 17 años y cuatro adultos de entre 26 y 36 años, incluyendo dos mujeres, todos bajo la órbita del fiscal Rodrigo Urriticoechea.
Los incidentes registrados a lo largo de 2023 reforzaron la percepción de que la zona era un punto crítico, con ataques a viviendas y a la propia estructura de Medina 6903, recurrentemente mencionada en registros policiales desde hace al menos siete años.
Durante el derribo, Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública provincial, ratificó la política de inhabilitar inmuebles vinculados al tráfico de drogas: “Está comprobado totalmente. Con presencia de la Justicia, del Poder Ejecutivo y de la policía en determinados lugares con allanamientos, patrullajes y derribos, inmediatamente notamos la baja de los movimientos de violencia en el sector”.
La actividad delictiva articulada en torno a este búnker, respaldada judicialmente desde marzo de 2023, motivó imputaciones y pedidos de captura para al menos ocho personas. La decisión de demoler la edificación resalta la continuidad de una política provincial para desactivar estructuras criminales afianzadas en el entramado social de barrios como Tío Rolo.
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