Intentó ser una colecta solidaria, pero se desvirtuó y terminó de la peor manera. La Justicia de Río Negro condenó a tres hombres por el delito de administración fraudulenta, luego de una investigación sobre irregularidades en la recaudación y manejo de fondos de una rifa organizada por los Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, una localidad rionegrina.
La denuncia surgió a partir de un “Gran bono contribución”, impulsado entre marzo y septiembre de 2021, que tenía como objetivo reunir fondos para la compra de una autobomba, así como insumos y materiales para el cuartel.
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El premio principal era un automóvil para quien resultara ganador. Pero nunca se compró.
El sistema de recaudación consistía en cartones con diez troqueles, cada uno valuado en 1.000 pesos mensuales. Fueron impresos 2.500 cartones y se vendieron 1.778. Sin embargo, una parte importante de esos fondos no pudo ser justificada, del orden de $3.021.483 de 2021.
La cifra que equivale a cerca de 59 millones de pesos a valores actuales, cuyo destino final se desconoce.
Cómo surgió la denuncia
La organización de los Bomberos Voluntarios contrató inicialmente a cinco promotores para la promoción y venta de una rifa en la localidad y en pueblos vecinos. Cada promotor recibía su pago con la primera cuota de la venta, equivalente a 1.000 pesos. Posteriormente, la organización incorporó a seis mujeres como cobradoras, quienes tenían la responsabilidad de gestionar el cobro de las cuotas restantes y rendir las sumas recaudadas ante la Comisión Directiva.
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De acuerdo con estimaciones de la Fiscalía, la recaudación total entre marzo y octubre de 2021 alcanzó 8.317.000 pesos, cifra determinada a partir de la cantidad de cartones vendidos por los promotores y los troqueles cobrados por las cobradoras. En concepto de comisiones, los promotores recibieron 1.550.000 pesos por las primeras cuotas, mientras que a las cobradoras se les abonaron 1.353.400 pesos, representando el 20% de lo recaudado. Además, se entregaron 700.000 pesos en premios y se destinaron 473.893 pesos a gastos generales.
Luego de la denuncia presentada por el tesorero de la Comisión Directiva, se realizó un allanamiento en las oficinas del Cuartel, donde se procedió al secuestro de 1.218.224 pesos, suma que fue depositada en una cuenta bancaria.
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Las razones de las condenas
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, uno de los imputados impulsó la rifa desde la Comisión Directiva del cuartel, mientras que los otros dos se encargaron del manejo operativo de la recaudación y la rendición de dinero. Todas las partes obtuvieron un lucro indebido al no registrar ni depositar los fondos recaudados, además de no entregar recibos de los cobros y operar sin autorización del organismo de control correspondiente.
La defensa de los acusados sostuvo que los hechos respondieron a un desorden administrativo y a la falta de controles institucionales, solicitando la absolución o, de manera alternativa, la imposición de penas atenuadas.
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En su alegato de clausura, el fiscal argumentó que durante el juicio quedó demostrada la participación de los tres hombres, aunque en diferentes modalidades. Principalmente, dos de ellos asumieron el control total de la rifa y de la recaudación, ejecutando materialmente la maniobra.
“A dos de los imputados se les rendía el dinero de las cobradoras y gran parte de los bomberos, aunque los testigos señalaron más a uno. Ambos obtuvieron un lucro indebido, beneficiándose con el dinero rendido ya que no lo depositaron en el banco, no lo registraron ni entregaron los recibos correspondientes, con el objetivo de que se evitara saber cuánto dinero había sido recaudado”, expresó el funcionario del MPF.
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Sobre el tercer imputado, quien presidía la Comisión Directiva, el fiscal dijo que es responsable porque tuvo la administración de la rifa en un primer momento, fue el organizador, y delegó su manejo. Y que pese a las sospechas, vendió y cobró rifas, de manera que también obtuvo un lucro indebido.
“Se trata de una coautoría mixta, de acción y omisión”, aseguró.
Otro de los argumentos de la fiscalía apuntó a que no existía autorización de la Lotería de Río Negro para llevar a cabo la rifa, por lo que no se contaba con el suficiente control para garantizar la transparencia.
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La audiencia de cesura, durante la cual se definirán las penas, aún está pendiente.
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