El riesgo país de Panamá retrocede y se ubica entre los más bajos de América Latina

Panamá logró una mejora relevante en la percepción de riesgo financiero internacional al ubicarse en abril de 2026 como el cuarto país con menor riesgo país de Latinoamérica, con un EMBI de 1.13% o 113 puntos básicos, solo por detrás de Uruguay, Chile y Paraguay.

El resultado marca un giro frente al deterioro observado entre 2023 y 2024, cuando la crisis minera, el déficit fiscal, la pérdida del grado de inversión y la sequía del Canal elevaron la presión sobre la deuda panameña.

El EMBI, sigla en inglés de Emerging Markets Bond Index, es un indicador elaborado por JP Morgan Chase & Co. que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de países emergentes y los bonos del Tesoro de EU.

En términos simples, mientras más alto es el indicador, mayor es la percepción de riesgo; mientras más bajo, mayor confianza muestran los inversionistas en la capacidad del país para cumplir sus compromisos financieros.

La recuperación panameña contrasta con el momento más crítico registrado en febrero de 2024, cuando el EMBI alcanzó 303 puntos básicos, uno de sus niveles más altos de los últimos años. Ese deterioro coincidió con el cierre de la mina de cobre, la tensión social derivada del contrato minero, la rebaja de Fitch Ratings que retiró el grado de inversión y una sequía que redujo el tránsito de buques por el Canal de Panamá.

Según el asesor empresarial y consultor laboral René Quevedo, a pesar de la incertidumbre mundial y una tasa de desempleo de 10.4%, la confianza en Panamá sigue mejorando tanto en el frente externo como interno.

El comportamiento de los bonos panameños en abril de 2026 muestra que los mercados vuelven a observar al país como una economía relativamente estable dentro de la región, aunque todavía con desafíos fiscales y laborales pendientes.

La mejora ocurre en medio de una economía que mantiene señales de recuperación. El Fondo Monetario Internacional proyecta para Panamá un crecimiento real de 3.8% en 2026, mientras que para 2025 había previsto una expansión de 4.5%, impulsada por sectores no mineros tras el impacto del cierre de Cobre Panamá.

Esta trayectoria sugiere una economía con capacidad de rebote, pero todavía expuesta a decisiones clave sobre inversión, empleo y sostenibilidad fiscal.

Uno de los pilares de esa expectativa es el Canal de Panamá, que anunció un plan de inversiones por más de $8,000 millones en proyectos estratégicos para reforzar su competitividad, seguridad hídrica y capacidad logística.

Estos proyectos son relevantes para la lectura de riesgo porque el Canal sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos del Estado y un activo crítico para la confianza internacional.

Otro factor bajo observación es la posible reactivación gradual de Cobre Panamá. El Gobierno autorizó en abril de 2026 el procesamiento y exportación de material almacenado en la mina, aunque la empresa aclaró que eso no implica una reapertura plena ni nuevas actividades de extracción.

La mina llegó a representar cerca del 5% del PIB y alrededor del 1% de la oferta mundial de cobre, por lo que cualquier decisión sobre su futuro incide en las expectativas económicas.

La recuperación de actividades productivas como el banano también suma a la narrativa de estabilización. Aunque no tiene el peso fiscal del Canal ni de la minería, el sector agroexportador contribuye a la generación de empleo regional y a la diversificación económica, dos elementos que los mercados valoran cuando evalúan la capacidad de un país para crecer sin depender de una sola fuente de ingresos.

Pero la reducción del riesgo país no elimina los focos de tensión. Panamá atraviesa una reestructuración del sistema portuario tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que aprobó el contrato de Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal. La decisión dejó en firme el cambio sobre dos terminales estratégicas para el comercio marítimo y la conectividad del Canal.

El caso escaló al plano internacional. Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, inició un arbitraje contra el Estado panameño por $2,000 millones, luego de que se declararan inconstitucionales las concesiones portuarias y el Gobierno asumiera el control físico de las terminales. Este proceso agrega una capa de incertidumbre jurídica sobre un sector clave para la posición logística del país.

A esa disputa se suma la reacción de China. Reportes internacionales señalan que aumentaron las inspecciones y retenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos, en medio de la controversia por el control de los puertos y la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Para Panamá, el reto consiste en defender sus decisiones soberanas sin quedar atrapado en una rivalidad entre potencias.

En términos regionales, el desempeño de Panamá luce favorable. El promedio latinoamericano del EMBI se ubicó alrededor de 262 puntos básicos, más del doble del nivel panameño, mientras países como Argentina, Ecuador y Venezuela siguen mostrando indicadores mucho más elevados. Esa comparación fortalece el argumento de que Panamá recuperó parte de su atractivo financiero, aunque no significa que haya resuelto sus vulnerabilidades internas.

La lectura final es positiva, pero no cómoda. Panamá vuelve a aparecer entre los países de menor riesgo de América Latina, pero ese avance dependerá de que logre consolidar sus finanzas públicas, ejecutar los proyectos del Canal, resolver el frente minero, ordenar el conflicto portuario y transformar el crecimiento económico en empleo formal. El mercado está dando una señal de confianza; ahora el país tiene que demostrar que puede sostenerla.