Una nueva tragedia sacudió al penal de mujeres de Bouwer, en la provincia de Córdoba, donde una presa murió y otra permanece hospitalizada en estado grave tras una pelea que derivó en un incendio dentro del establecimiento.
El hecho, ocurrido en la Antesala del Núcleo “C” del Establecimiento Penitenciario N° 3, se suma a una serie de episodios recientes en la misma institución, que ya había sido noticia por agresiones, denuncias de abuso e irregularidades en los controles en los últimos meses.
El Servicio Penitenciario de Córdoba informó que el incidente se produjo a la 1:17 de este sábado, cuando se desató una pelea entre dos internas: una procesada, identificada como P.G.A., y una condenada, R.M.F. Según fuentes policiales, durante la disputa se originó un incendio en el interior del sector, que fue controlado por el personal de guardia y el Grupo de Intervención Rápida (GIRF).
Como resultado, la interna P.G.A. falleció y R.M.F. fue trasladada a un hospital externo en estado delicado, según consignó La Voz del Interior.
Las autoridades penitenciarias consignaron que se entregó el procedimiento de rigor a la Fiscalía correspondiente, aportando todos los elementos probatorios vinculados al caso. Además, el incidente se remitió al Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba, según informó el Servicio Penitenciario de Córdoba.
Un historial que se repite
Este episodio se produce en un contexto de reiterados hechos de violencia en el penal de Bouwer. Apenas dos semanas antes, ocho guardiacárceles de ese centro fueron suspendidas y detenidas por orden judicial, luego de que se conociera que el 23 de noviembre habían golpeado a una interna con identidad sexual trans. La denuncia fue realizada por una detenida que ingresó como persona de sexo femenino, pero que posteriormente comenzó a autopercibirse hombre.
El ataque, perpetrado por personal del Servicio Penitenciario de Córdoba, quedó registrado en las cámaras de seguridad del pabellón, aunque la víctima aún permanecía en el sector femenino al momento de la agresión.
El grupo fue acusado por los delitos de violencia institucional y abuso de autoridad. Las imputaciones actuales, presentadas en el marco de una investigación judicial que aún continúa abierta, podrían agravarse si se logra comprobar que hubo una actuación colectiva en la agresión, según las fuentes judiciales consultadas.
En octubre, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo 14 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba. El procedimiento logró desarticular una organización narco compuesta por diez personas, cuyos integrantes se dedicaban exclusivamente a ingresar drogas y elementos prohibidos al complejo penitenciario de Bouwer a través de drones.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la Jefatura del Establecimiento Penitenciario de Córdoba, lo que permitió identificar a los principales miembros del grupo criminal. El operativo logró la detención de cuatro hombres, cinco mujeres adultas y una menor de edad, entre miles de dosis de marihuana, armas, automóviles, drones y otros elementos.
En septiembre, el penal también fue escenario de otro caso de violencia de género. Gabriela Nahir Fernández, quien ingresó al complejo penitenciario como Gabriel Fernández, fue acusada de haber abusado sexualmente de otras internas. Posteriormente, la Justicia la citó a comparecer a un juicio oral. Será juzgada como probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado en dos hechos, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, y calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave al momento en el que habría cometido las vejaciones.
Otro incidente involucró a un grupo integrado mayormente por mujeres que fue detenido en la provincia de Córdoba, acusado de utilizar certificados médicos falsificados para ingresar objetos prohibidos. Las sospechosas presentaban documentación apócrifa que decía que estaban atravesando embarazos o enfermedades graves como método para sortear los controles habituales de seguridad. De esta manera, lograban facilitar el ingreso de teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias prohibidas durante las visitas a personas privadas de su libertad.
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