Simulaban embarazos en sus visitas al penal de Bouwer para evitar controles e ingresar elementos prohibidos: fueron detenidas

Un grupo integrado mayormente por mujeres fue detenido en la provincia de Córdoba, acusado de utilizar certificados médicos falsificados para ingresar objetos prohibidos en el interior del Complejo Carcelario Bouwer. Las sospechosas presentaban documentación apócrifa que decía que estaban atravesando embarazos o enfermedades graves como método para sortear los controles habituales de seguridad. De esta manera, lograban facilitar el ingreso de teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias prohibidas durante las visitas a personas privadas de su libertad.

Según supo Infobae, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada meses atrás por el Servicio Penitenciario de Córdoba, que advirtió sobre irregularidades en el sistema de visitas. Tras el avance de la causa, se consiguieron elementos suficientes para realizar un operativo que estuvo a cargo de la Unidad Judicial de Delitos Económicos. El despliegue policial incluyó 120 allanamientos simultáneos en distintos barrios de Córdoba, localidades del interior y dentro de los establecimientos penitenciarios.

Durante estos procedimientos se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, CPU, más de 2 millones de pesos en efectivo, recetarios, sellos profesionales y formularios médicos apócrifos, según explicaron fuentes del caso.

El mecanismo detectado por los investigadores se basaba en la presentación de certificados médicos apócrifos que señalaban embarazos avanzados o padecimientos oncológicos inexistentes. Esa documentación otorgaba a las acusadas la posibilidad de evitar los controles corporales con el body scanner, el principal sistema de control aplicado por el Servicio Penitenciario de Córdoba para reducir el riesgo de ingresos irregulares. De ese modo, los objetos prohibidos eran ocultados y traspasados a los internos sin ser advertidos por el personal penitenciario.

En el marco de la causa, que dirige la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11 —bajo la conducción de José Mana—, se dispusieron medidas procesales contra las principales sospechosas. Como parte del operativo, las autoridades alcanzaron sectores específicos del Complejo Carcelario Bouwer y del Establecimiento Penitenciario N.º 9 (ex UCA) donde se realizaron inspecciones y decomisos.

En este sentido, remarcaron que además de mujeres, otros involucrados podrían formar parte de la maniobra desarticulada, aunque las principales sospechadas responden a ese perfil.

Las autoridades hallaron durante los allanamientos sellos médicos originales y adulterados, copias de recetas y certificados, así como dispositivos electrónicos que serán peritados para identificar eventuales cómplices internos o externos. También más de 2 millones de pesos en distintas divisas fueron elemento de secuestro, lo que según la investigación permite presumir una organización de cierta envergadura. Los peritajes sobre los materiales incautados podrían aportar más datos acerca de la cadena de complicidad y de la magnitud del circuito ilegal.

La principal hipótesis manejada por la instrucción apunta no solo a la responsabilidad de los autores directos, sino también a la posible participación de personal penitenciario o agentes de la salud, dado el volumen de la documentación falsificada y el uso de sellos auténticos.

Por el momento, la Fiscalía de Distrito 11 mantiene abiertas varias líneas de investigación para precisar la existencia de colaboradores en la expedición ilícita de los certificados médicos y determinar si la maniobra detectada se encuentra limitada a Bouwer o abarca también otros establecimientos carcelarios provinciales.

La causa se encuentra en etapa de instrucción, mientras que el análisis de los dispositivos secuestrados permitirá establecer nuevos vínculos y detectar posibles cómplices. Las fuentes consultadas por Infobae no descartan futuras detenciones ni que la maniobra, de acuerdo al caudal de información recabada, cuente con ramificaciones desconocidas. El caso puso bajo la lupa la seguridad y los mecanismos de control del sistema penitenciario de Córdoba.