A partir de una denuncia presentada en la Comisaría 26 de la localidad neuquina de Loncopué, la Policía descubrió una impecable maniobra delictiva ejecutada por una mujer que durante meses sustrajo dinero de la cuenta de una compañera de trabajo, quien no se percataba sobre lo que estaba ocurriendo.
La acusada, de 29 años, está siendo investigada por una serie de estafas que consistían en transferencias sucesivas de dinero y que habrían alcanzado un total de casi 2 millones de pesos. La tarea se extendió por varios meses hasta que la damnificada notó movimientos inusuales en dos de las cuentas bancarias y un gran faltante de dinero que le llamó la atención.
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Sin poder reconocer la procedencia de varias transacciones, dio aviso a la Policía local. De acuerdo con lo detallado por LM Nequén, el comisario Sergio Huanque explicó que la damnificada no utilizaba aplicaciones bancarias en su teléfono ni realizaba un seguimiento frecuente de sus movimientos, lo que habría facilitado que la maniobra pasara inadvertida por un extenso período. A medida que las sumas transferidas crecieron y la víctima comenzó a notar diferencias significativas en sus saldos, resolvió presentar la documentación disponible ante las autoridades policiales.
La investigación se puso en marcha tras la recopilación de los registros de las operaciones cuestionadas. Los informes bancarios permitieron determinar tanto el destino del dinero como la titularidad de la cuenta receptora, ubicada también en Loncopué. El análisis de estas transferencias llevó a identificar a la principal sospechosa: una compañera de trabajo de la víctima.
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Con el material probatorio en su poder, el fiscal Marcelo Jofré solicitó el allanamiento de una vivienda ubicada en la calle Mascardi. Durante la requisa, se procedió al secuestro de varios dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, una computadora portátil, unidades de almacenamiento digital y material documental. Entre los elementos hallados, los efectivos policiales encontraron tickets y facturas donde figuraban datos bancarios de la víctima.
Los investigadores determinaron que la sospechosa habría obtenido los datos sensibles y códigos de seguridad de la cuenta, aprovechando un descuido o la relación personal con la denunciante.
Al momento del allanamiento, la joven investigada se encontraba en el domicilio y fue notificada oficialmente de la causa judicial en trámite en su contra. Las autoridades le permitieron designar un abogado defensor y, tras corroborar que no presentaba antecedentes delictivos, fue puesta en libertad supeditada a la evolución de la causa.
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Procesaron a una empleada de un banco por el robo a varios clientes
La Justicia federal procesó a mediados de septiembre a una empleada del Banco Nación en Caleta Olivia, acusada de realizar extracciones no autorizadas por casi un millón de pesos desde las cajas de ahorro de siete clientes. La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, determinó que la imputada utilizó credenciales y accesos internos para sustraer fondos entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, valiéndose de la estructura bancaria estatal para concretar maniobras fraudulentas en beneficio propio.
El procesamiento se resolvió luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocara la homologación de un acuerdo de conciliación celebrado entre la trabajadora y el banco, que preveía una reparación civil superior al daño causado. Los camaristas hicieron lugar a la apelación de la Fiscalía al entender que los hechos “afectan la confianza pública y constituyen corrupción de agentes estatales”.
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El caso se inició cuando las autoridades de la entidad detectaron movimientos sospechosos en las cuentas de clientes, que fueron confirmados por registros de cámaras de seguridad y el análisis del sistema operativo bancario. El Juzgado Federal determinó que las maniobras incluyeron extracciones sin autorización y el traslado de efectivo a elementos personales de la acusada, resultados corroborados por videos y documentación interna. El fallo subrayó que las acciones respondieron a un plan sostenido, orientado a obtener beneficios económicos personales.
Como medida cautelar, el juzgado dispuso un embargo sobre los bienes de la imputada por cinco millones de pesos. La causa sigue bajo investigación, a cargo del juzgado federal de Caleta Olivia.
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