La megaestafa de los 0KM: el monto final del daño y el drama de los empleados de la concesionaria

Cuando se trata de megaestafas, la primera pregunta es siempre la misma: ¿cuánto se llevaron? ¿Cuánto dolió?

El monto real suele ser incalculable. Las víctimas de los Cositortos de la vida que llegan como denunciantes y querellantes a la Justicia penal -resignados a perder su plata, pero con la esperanza de ver a sus timadores procesados y presos-, suelen ser muchos menos que los que intentan recuperar lo perdido en el fuero civil, con expedientes de cobro que suelen ser agónicos. Ni hablar de los que pierden dinero negro. Los chantas y ponzis suelen valerse de quienes apuestan sumas imposibles de declarar al fisco. Pero, de vez en cuando, hay una idea.

El caso del Grupo Central, con sus concesionarias ubicadas en Núñez, sobre Avenida Del Libertador, o en Puerto Madero, parece convertirse en uno de los mayores engaños de la historia reciente. Calcular el monto del daño que causó esta serie de empresas también parece una aventura. “No escapa del entender de esta jueza que nos encontramos ante una compleja maniobra cuyos perjuicios podrían incluso ser mayores a los que aquí se revelan y surgen de la vasta documentación que se acopio en esta causa”, se sinceró Alejandra Provitola, la magistrada que trabaja para esclarecer el caso, en su reciente procesamiento a los acusados.

Entonces, Provitola fue por “un tope mínimo” basado en “una simple suma aritmética” de los valores de la causa: 2,5 millones de dólares, a valor oficial del Banco Nación del 24 de septiembre de 2025. Es, por ejemplo, una docena de tres ambientes con amenities a estrenar en Colegiales o Palermo.

El caso

Este mes, la Sala VII de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de los principales acusados del caso, liderados por la empresaria Gladys Pallone, su hijo Alejandro Facchinetti y su pareja, Damián Camoia. Pallone y Facchinetti fueron acusados por la jueza provitola de encabezar una asociación ilícita que cometió, al menos, 124 casos de estafa y 82 de desbaratamientos de derechos, con prisión preventiva incluida, tras las presentaciones de 34 querellantes.

Pallone y su hijo, por ejemplo, están embargados por $3492 millones de pesos cada uno, una de las cifras más altas de la historia reciente. Ni a un capo narco le imponen semejante monto. Ambos deben, por otra parte, más de $350 millones en cheques sin fondo. Este mes, el Juzgado Comercial N°22 decretó la quiebra de Central Alcorta SA, la principal firma del Grupo Central.

La acusación es sencilla: ofrecer camionetas Citröen y Chery que costaban entre $16 y $25 millones para nunca entregarlas. Grupo Central aceptaba efectivo y vehículos usados como parte de pago. Los usados eran revendidos. Los damnificados reclamaban. Así, comenzaba la bicicleta. Luego, llegaba Tribunales.

Pallone -una histórica del negocio de los autos, ex empleada de firmas de renombre- declaró en el expediente de Provitola. En rigor, es el segundo en su contra, ya que las denuncias también iniciaron una causa en el Juzgado Federal N°4 de Ariel Lijo. Allí, dijo que, básicamente, todo se trata de un gran negocio que le salió mal.

“Soy inocente de lo que me están acusando. Hay una serie de motivos que llevaron a esta confusión, a esta desprolijidad o errores, que no los quiero ahondar en este momento que lo podemos hacer con un escrito, pero los comento de manera sintética, vienen a raíz de la pandemia, el incumplimiento de nuestro proveedores Chery SOCMA Argentina y Sidequip, que es del grupo SOCMA, a quien le hicimos un reclamo tanto a nivel penal como civil”, aseveró.

Irónicamente, según marcaron los jueces de la Sala VII, el grueso de las acusaciones se ubican después de la declaración del final de la pandemia en 2023. Por otra parte, Citröen Argentina negó cualquier vínculo comercial con el Grupo Central. Chery SOCMA intimó judicialmente a Pallone y su estructura a que dejen de usar su marca.

“Yo no me quedé con el dinero de nadie, sino que está en la operatoria comercial y dentro de la inversión de la empresa, de los gastos, de alquileres, de sueldo y el leasing de Figueroa Alcorta“, donde Grupo Central tenía uno de sus locales, ”que se venía pagando desde hacía más de cinco años y que se fue invirtiendo más de un millón de dólares, el cual hoy se perdió”.

Atención al cliente

Las historias de las megaestafas suelen perderse en sus líderes. Rara vez el foco es quien recibe al estafado. El financista Enrique Blaksley, condenado a 8 años de prisión por el megaPonzi der Hope Funds, no hubiese sido nada sin los vendedores de sus contratos de mutuo, los que llevaban el dinero a sus arcas. Sin embargo, la inmensa mayoría no fue condenada junto a él. Todo lo contrario; varios de ellos le iniciaron demandas por montos impagos.

En el caso de Grupo Central, la jueza Provitola apuntó a los administrativos y a quienes atendían a los clientes en las concesionarias de Pallone y su familia. Los citó a declaración indagatoria.

Lo que reveló una de ellas fue al menos interesante. Pallone y Facchinetti, según declaró, los convirtieron en la cara de la bicicleta:

“En efecto, ingresé a trabajar en la concesionaria el día 17 de septiembre de 2024, tras enviar mi currículum a través de una plataforma de búsqueda laboral, y no llegué a cumplir allí tres meses de trabajo”. comenzó.

“Desde el primer momento, mi contratación fue para desempeñar tareas como administrativa en torno a la entrega de vehículos. En la entrevista de ingreso se me explicó que mi función consistiría en atención al cliente”.

“Lo cierto es que, en mis primeros días de trabajo, llegaron algunas quejas de clientes; con el correr de las semanas noté que los reclamos se incrementaban. Aun así, toda la información que podíamos aportar los empleados administrativos a los clientes era la que nos proporcionaban la señora Gladys Pallone y el señor Alejandro Facchinetti, quienes nos indicaban que se trataba de simples demoras, debidas a problemas de fábrica o de importación. Eso era lo que nos transmitían ellos y es lo mismo que comunicábamos a los clientes. Nunca nos fue proporcionada una información diferente".

Luego, todo explotó:

“A comienzos de diciembre, la situación se volvió insostenible. Empezaron a llegar numerosos clientes enojados, reclamando por la entrega de vehículos y exigiendo respuestas que no podíamos dar. La tensión creció rápidamente. El último día debió intervenir la Policía para permitirnos salir, ya que los clientes bloqueaban las puertas. Algunas compañeras se descompensaron por la situación. El clima era de suma violencia y nerviosismo".

“Poco después, vi en los medios los escraches y denuncias públicas. Yo misma no había cobrado el sueldo de noviembre ni los días trabajados en diciembre. Tampoco nos pagaron los viáticos ni las horas extras prometidas. Incluso tuve que costear mi uniforme”.

Provitola procesó a esta administrativa como miembro de la asociación ilícita supuestamente encabezada por Pallone e hijo. La Sala VII ratificó la imputación.