Condenaron al exjefe de fiscales de Rosario a 9 años de prisión por corrupción vinculada al juego clandestino

El exjefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal –quien fue destituido en 2020 por la Legislatura de Santa Fe– fue condenado este viernes al mediodía a la pena de nueve años de prisión tras la acusación de sus colegas fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato. En un fallo unánime, que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, un tribunal penal de primera instancia consideró que fue responsable de haber cobrado coimas mensuales del operador del juego clandestino Leonardo Peiti, quien ya aceptó un juicio abreviado en el marco de este legajo.

La resolución fue dada a conocer por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, quienes ponderaron la existencia de una asociación ilícita encabezada por Serjal, quien utilizó al por entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad para ir a cobrar el dinero. Se estima, era de cinco mil dólares por mes, a cambio de avisarle de allanamientos o de investigaciones en los que podía ser perjudicado.

Ponce Asahad ya fue condenado a través de un juicio abreviado, luego de haberse acogido a la figura de “arrepentido”. También brindó declaración testimonial en este juicio, donde aseguró que por encima del exjefe de fiscales había una pata política, puntualmente, en manos del senador provincial –por la jurisdicción de San Lorenzo– Armando Traferri.

Dos maniobras del ex funcionario judicial fueron subrayadas por el tribunal: por un lado, haber borrado conversaciones en el período en el que cobró impulso la causa, a mediados de 2020, y por el otro, la coincidencia en un mismo hotel de Buenos Aires entre Serjal y Peiti, donde según el propio pagador de las coimas el exfiscal le pidió una suba del monto que venía abonando por cobertura.

Hubo otro condenado en el veredicto de este viernes, que fue el exempleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Ugolini, quien era secretario del fiscal Ponce Asahad –actualmente destituido de su cargo–. En su caso, le dieron cinco años de prisión y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.

En paralelo, Ugolini está imputado por haber llevado adelante presuntas maniobras de estafa a través de una agencia de autos de Rosario que fue denunciada por no haber entregado vehículos que habían pagado más de una veintena de clientes.

La investigación

El legajo cobró impulso entre julio y agosto de 2020, cuando fueron allanados Gustavo Ponce Asahad, fiscal, y Patricio Serjal, el jefe de la Fiscalía Regional de Rosario. Ambos fueron destituidos por la Legislatura santafesina y posteriormente fueron llevados a audiencia donde fueron imputados de haber integrado una organización que protegía el juego clandestino regenteado por Leonardo Peiti y se nutría de su dinero.

Según declaraciones testimoniales, el empresario pagaba coimas de entre cuatro mil y cinco mil dólares mensuales a cambio de no ser investigado o recibir aviso en caso de un allanamiento.

De acuerdo con la teoría del caso, Nelson Ugolini trabajaba como secretario del por entonces fiscal Ponce Asahad y tenía diálogo directo con Peiti, a quien filtraba información confidencial.

El legajo mostró sus primeras medidas a finales de abril pasado, cuando la Policía Federal –por solicitud de los mismos fiscales– allanó el Correo y nueve domicilios particulares –siete de Rosario y dos de Buenos Aires–.

Esos procedimientos estuvieron dirigidos a personal del Correo y usuarios que habían traído figuras de acción coleccionables y álbumes musicales en formatos CD y vinilo que luego fueron comercializados.

En el avance de la causa se pudo establecer que los involucrados habrían realizado desde 2023 en adelante dos tipos de maniobras para evadir los controles aduaneros y el pago de tributos por las encomiendas internacionales.

Una consistía en marcar como destinatarias a distintas personas, pero un único domicilio. La otra, que la mercadería sea entregada sin la declaración jurada de la Aduana y sin que se hiciera un control aduanero en el Correo Argentino. En este último caso, los usuarios abonaban un 50 por ciento del valor de los impuestos, dinero que se quedaban los tres empleados sospechados.